Diputados del PJ de Eduardo Duhalde y de la oposición -UCR, socialistas y sucedáneos-están pensando en extender el debate sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal y sustraerlo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ayer, resolvieron convocar a una audiencia pública para el miércoles que viene en el edificio anexo. Allí discutirán la conveniencia o no de convertir en ley este proyecto.
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Diputados del PJ de Eduardo Duhalde y de la oposición -UCR, socialistas y sucedáneos-están pensando en extender el debate sobre la Ley de Responsabilidad Fiscal y sustraerlo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ayer, resolvieron convocar a una audiencia pública para el miércoles que viene en el edificio anexo. Allí discutirán la conveniencia o no de convertir en ley este proyecto. Lo que suceda en esa deliberación puede resultar determinante para la suerte de la iniciativa que el oficialismo se había comprometido a votar el 4 de agosto (por cuerda separada, hay otra propuesta opositora en danza de retacear quórum hasta que el gobierno revea su relación con el Congreso). (Ver nota aparte.)
A instancias del economista de la central obrera más afín a Néstor Kirchner, la CTA, Claudio Lozano organizó en la víspera una discusión sobre Responsabilidad Fiscal en la sala 8 de Diputados. Con la mira puesta en armar un frente de oposición a la norma, aún cuando varios asistentes hayan preferido hablar de un debate profundo sobre el texto -más allá de los alineamientos entre oficialistas y el resto de los bloques-, consiguió que diputados de varios partidos de la oposición y dirigentes sindicales alineados en la Central de Trabajadores Argentinos acordaran la realización de una campaña, que incluye la convocatoria a una audiencia pública para la semana próxima, para rechazar la Ley Fiscal.
Sin aval legislativo, aunque con el aliento de amigos gremiales de Lozano, podría ponerse en marcha un plan de lucha con amenaza de paros, si finalmente la Unión de Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado definen postura frente a esa ley que, según los sindicalistas, cierra la puerta a cualquier aumento futuro de salarios. Los más fervorosos de la CTA imaginan la toma del mismo Congreso.
• Seguridad
Durante la reunión que mantuvieron ayer los legisladores y dirigentes sindicales decidieron pedir al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, la postergación de la sesión prevista para el primer miércoles de agosto por cuestiones de seguridad y no sólo sindicales, ya que ese mismo día está convocado el debate en la Legislatura porteña de las reformas al Código de Convivencia.
La concurrencia de la víspera fue diversa y mostró, una vez más, los problemas internos, en especial, en la bancada peronista. De ese encuentro, encabezado por el diputado de Emancipación y Justicia, Claudio Lozano, participaron además legisladores de la UCR como Leopoldo Moreau, Margarita Stolbizer, Noel Breard; los socialistas Héctor Polino y Ariel Basteiro; el arista Eduardo Macaluse; el titular de la CTA, Víctor De Gennaro y del Grupo Fénix, Abraham Gak.
También estuvieron presentes los diputados del Frente para el Cambio, Alicia Castro, y de Soberanía Popular, Mario Cafiero; así como los legisladores del justicialismo bonaerense, Marina Cassese y Daniel Basile, quienes aclararon que concurrían en «carácter personal y no en nombre del bloque del PJ», a diferencia de sus colegas radicales.
El grupo coincidió en la necesidad de «instalar» el tema en la sociedad y para ello, acordó la convocatoria a una Audiencia Pública el próximo 28 de julio en el auditorio del Anexo de la Cámara baja para dar a conocer los aspectos centrales y las eventuales consecuencias de la aplicación de la ley.
Asimismo, se resolvió elaborar una serie de afiches para dar a conocer los 5 puntos principales de la iniciativa enviada del Ejecutivo -que cuenta con media sanción del Senado-y que podría ser convertida en ley en la próxima sesión prevista para el 4 de agosto.
Sin embargo, el justicialismo necesitará para aprobar la ley tener sentados en sus bancas a todos los integrantes del bloque -son 129 diputados-, debido a que la norma cuenta con el rechazo de las bancadas opositoras y de los provinciales del Interbloque Federal, que anticiparon su decisión de no dar quórum para evitar el tratamiento de la ley en el recinto.
Se trata de una iniciativa del Ejecutivo que prevé normas de transparencia y de gestión pública y apunta básicamente a optimizar el manejo de las finanzas públicas a través de un mejor control del gasto y la creación de fondos anticíclicos. Esta norma es considerada como una alternativa a la nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que discuten la Nación y las provincias, aunque sin llegar a un acuerdo.
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