El Defensor del Pueblo contradijo a Córdoba por su reclamo a la ANSES

Política

Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, aseguró que no existe ninguna intención de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) de no asumir sus compromisos con la provincia de Córdoba, sino que es el gobierno de ese distrito el que no cumplió lo acordado con la Nación en su momento.

De esta manera, rechazó el reclamo de la administración de José Manuel De la Sota sobre incumplimientos de la ANSES para con la provincia.

Sella indicó que "en un acuerdo de 2009 la provincia se comprometió a completar las armonizaciones de todos los puntos del convenio, que son de convergencia con el régimen previsional nacional y se refieren a la determinación del haber jubilatorio".

Así precisó que "el acuerdo prevé que las jubilaciones de la provincia pasen de calcularse en base al promedio de los últimos 10 años de trabajo, tal como lo establece el régimen nacional, en lugar de los cuatro años que rigen en la actualidad en el régimen provincial".

"El otro punto de armonización que no se ha completado es el que se refiere a la movilidad. En este sentido, según el acuerdo, la provincia debería pasar del 82% móvil al régimen de movilidad nacional, que establece dos aumentos automáticos anuales en base a un régimen mixto de ingresos tributarios e ingresos previsionales", subrayó el ombudsman al Canal 8 de Córdoba.

Sella puntualizó que "la provincia no ha avanzado con el proceso de armonización hasta la fecha", y remarcó que "consecuentemente, ANSES ha aplicado una cláusula incorporada a este último convenio en la cual se establece que en caso de que la provincia no concluya la armonización, la obligación de la Nación de pagar los fondos estipulados para los años 2010 y 2011 pierde toda efectividad y exigibilidad".

"En este sentido no veo que haya una decisión política por parte de ANSES de no pagar, sino que hay una imposibilidad legal porque una cláusula expresa del convenio así lo dispone", afirmó el funcionario.

Señaló que "la provincia de Córdoba inició acciones judiciales y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tendrá que resolverlo, en base al análisis de los elementos que se hayan aportado a esa demanda".

Al respecto, indicó que "la Defensoría nacional ha venido trabajando y haciendo un seguimiento de este tema desde 2008".

El funcionario explicó que "cuando se transfirieron las once cajas provinciales a la ANSES, ésta se hizo cargo de todos los aportes, pero también de los pasivos", y añadió que "en ese marco, todos los pasivos y beneficiarios del Régimen Nacional de la Seguridad Social quedaron alcanzados por su normativa".

Así subrayó que "por lo tanto, las provincias debían armonizar sus sistemas previsionales con el nacional, siendo esa la base de la obligación de la Nación de financiar los déficit de esos sistemas provinciales como modo de subsanar la asimetría producida". "Pero en la medida que no los armonicen, la Nación no se considera obligada a afrontar dichos déficit", concluyó Sella.

Asimismo, Sella aseguró que "ninguna provincia se puede apartar de forma unilateral del pacto fiscal" de 1992, rubricado por todos los distritos con la Nación.

Sella indicó también que considera que una ley provincial que unilateralmente aparta a una provincia de un convenio multilateral y que está ratificado por una Ley del Congreso de la Nación, es bastante "creativa".

"Esa ley nacional tiene una cláusula que establece expresamente que mientras este acuerdo no sea sustituido por un convenio o sistema diferente, tiene plena vigencia, y se reconduce automáticamente año tras año", recordó el ombudsman.

Aclaró también que el convenio que lo reemplace "tiene que ser acordado por todas las provincias y luego aprobado por el Congreso Nacional".

Consultado por canal 8 de Córdoba sobre por qué la administración de José Manuel De la Sota impulsó una normativa para apartarse del pacto fiscal, Sella estimó que "debe haber un análisis doctrinario o jurisprudencial especial porque sino la provincia no lo hubiera hecho".

"De todos modos, es bastante `novedoso´ y no parece, en términos generales, muy sencillo que un convenio fiscal de la envergadura y trascendencia del que estamos hablando pueda ser dejado de lado unilateralmente por una provincia", afirmó el funcionario.

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