El Ejecutivo demora proyecto de desarme

Alicia Comelli

La Cámara de Diputados ya tiene dictamen para tratar en el recinto un proyecto de ley que incentive a la población civil a desarmarse. Sin embargo, su tratamiento está demorado en espera de una propuesta del Poder Ejecutivo.

El tema se ubicó en el tope de la agenda del Congreso y del Poder Ejecutivo, a partir de la balacera que el 6 de julio sorprendió a los transeúntes de la avenida Cabildo, y provocó la muerte de Alfredo Marcenac. La tragedia reactivó los proyectos que hace meses esperaban su aprobación en las diferentes comisiones de la Cámara de Diputados. Pero hasta el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar al Legislativo una propuesta propia a partir de las reuniones que Néstor Kirchner y sus funcionarios mantuvieron con los representantes de la Red Argentina para el Desarme. En Diputados, la Comisión de Seguridad Interior, que preside el adolfista Carlos Dellepiane, aprobó un texto que unificó las diferentes propuestas de los legisladores. La diputada justicialista Paola Spátola -autora de una de las iniciativas- incluso apoyó la implementación de una campaña nacional de desarme.

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El resto de los redactores de los proyectos que dieron origen a la conformación de un único texto consensuado son Diana Conti (Frente para la Victoria), Alicia Comelli (Movimiento Popular Neuquino) y Miguel Iturrieta (Frente para la Victoria).

Según estadísticas de la Red Argentina para el Desarme, en el país muere una persona cada cuatro horas por un disparo de arma de fuego (se calcula que hay una por cada ocho hogares).

El dictamen de la Comisión de Seguridad Interior propone implementar una Campaña Nacional de Desarme para incentivar la entrega de armas al Estado, que a su vez fijará un valor según el calibre, la marca y el año de fabricación.

Incluso, cada persona que se desprenda de un arma no recibirá ninguna multa aunque carezca del permiso de tenencia correspondiente. De hecho, según el texto recibirá una retribución a cambio.

La diputada Conti explicó que la contraprestación por el canje de armas podrá consistir en la entrega de bonos para la compra de mercadería, certificados para el pago de impuestos nacionales u otros medios que fije la reglamentación.

Esta semana, la diputada lopezmurphysta Nora Guinzburg elevará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique cuáles son las políticas en materia de seguridad que se están implementando desde el Consejo de Seguridad Interior. «Teniendo en consideración el incremento de la delincuencia y de la inseguridad reinantes que se advierte en los hechos y de las que, además, dan cuenta los medios de comunicación, traduciéndose especialmente en la cantidad de delitos contra la vida y la propiedad de las personas, resulta preocupante que no se hayan publicado los índices de los delitos que está sufriendo la sociedad, por cuanto el ministro del Interior afirmó que dicha informaciónera reservada», lamentó la legisladora.

El jueves pasado, Darío Kosovsky, de la Red Nacional por el Desarme, le reclamó a Nilda Garré la creación de una mesa de discusión permanente con la sociedad civil; la implementación del Registro de Armas Secuestradas e Incautadas (Ley 25.938); el impulso de programas de concientización y prevención de la violencia armada en la sociedad civil; y la incorporación de medidas de estricto control y limitación del otorgamiento de tenencias y portación de armas de fuego por parte de la población civil, en especial, en lo que respecta a los requerimientos psicofísicos.