El Gobierno volvió a tomar una decisión de fuerte impacto en el mundo sindical. En medio de la disputa entre la Casa Rosada y el líder de una facción de la CGT Hugo Moyano, a lo que se le suma la división en la central obrera, el Ejecutivo resolvió disolver la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo clave en el reparto de fondos a las obras sociales para cubrir tratamientos de alta complejidad.
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Según el decreto 1198/12, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió que la APE sea "absorbida" por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que desde el pasado 3 de julio está a cargo de la "pingüina" Beatriz Liliana Korenfeld, exdiputada y funcionaria de la provincia de Santa Cruz. Además, en otros decretos se notifican las renuncias del secretario general de la SSS, Alejandro María Romero, y la salida de 11 gerentes y subgerentes que cumplían funciones con anteriores gestiones.
Otro golpe que el Gobierno le había dado a Moyano en la APE fue el desplazamiento de Christian Asorey, yerno de la mujer del jefe de la CGT, quien fue eyectado a fines de marzo del área de Seguridad y Tecnología, a su cargo desde 2008. Se trató de una de las primeras decisiones de Korenfeld desde su arribó a la gerencia general de la SSS.
Los cambios se dan luego de que se concretara la fractura en la CGT y mientras Moyano mantiene un enfrentamiento abierto con el Gobierno. "Gordos" e "independientes" no reconocen el liderazgo del camionero en la central obrera y decidieron no participar del Congreso en el cual el Moyano se hizo reelegir. Así, quedaron dos facciones: la moyanistas de tono opositor, y la de sus rivales, que hoy están más cerca de la Casa Rosada.
Moyano mantiene, desde que quedó expuesto el conflicto con la presidente Cristina de Kirchner, un reclamo público por una deuda millonaria que el Ejecutivo mantienen con las obras sociales en concepto de reintegros a través de la APE. Según el sindicalista, esa friolera asciende a los $12.000 millones, y ante la falta de pago prometió judicializar la exigencia.
Asimismo, la APE quedó bajo la lupa de la Justicia tras estallar el escándalo por la denominada "mafia de los medicamentos" y por la investigación sobre supuestos cobros irregulares a través de troqueles truchos.
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