Fernando de la Rúa defendió ayer su afiliación partidaria ante el Tribunal de disciplina de la UCR porteña. Antes de presentar su descargo contra los pedidos de expulsión del padrón de afiliados radicales, el ex presidente, a través de su abogado Guillermo Moreno Hueyo sostuvo en un largo escrito que el Tribunal era incompetente para juzgarlo.
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De ese modo, la acusación debería ser tratada por la Convención Nacional del radicalismo y estaría en manos del titular de la UCR, Angel Rozas.
Si, en cambio, el Tribunal de Disciplina de la UCR de la Capital, distrito donde está afiliado De la Rúa, rechaza el escrito presentado ayer y se arroga la competencia, Moreno Hueyo presentaría una apelación ante la Justicia y la militancia del ex presidente sería decidida por la jueza María Romilda Servini de Cubría.
Sin embargo, el Tribunal partidario que estudia si expulsa a De la Rúa por mal ejercicio del poder podría declararse incompetente tras la presentación de ayer. De todos modos, recién el 20 próximo vence el plazo para que el «acusado» haga su descargo. Pero Moreno Hueyo pidió una prórroga para que resuelvan primero el tema de la competencia.
Autoridad
El abogado sostiene que, de acuerdo con la Carta Orgánica del radicalismo, «la autoridad superior del partido será ejercida por una convención nacional» formada por delegados de las convenciones de la Capital Federal y las provincias. Ese órgano partidario nombra «a los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación».
Relata Moreno Hueyo que las atribuciones de la convención contemplan «considerar los informes anuales de la representación parlamentaria nacional y de cada uno de sus componentes y pronunciarse en última instancia sobre las observaciones formuladas». Con eso, Moreno Hueyo sostiene que es la convención que convalidó a De la Rúa como candidato a presidente la que debe resolver los pedidos de expulsión.
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