El Poder Ejecutivo amplió el secreto militar sobre información y procesos relacionados con la incorporación de los cazas F-16 para la Fuerza Aérea Argentina.
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La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Entre los materiales a proteger de espionaje figuran partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento.
El Gobierno amplió el decreto sobre el programa de cazas F-16.
El Poder Ejecutivo amplió el secreto militar sobre información y procesos relacionados con la incorporación de los cazas F-16 para la Fuerza Aérea Argentina.
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La medida se relaciona con la inversión que hizo el Gobierno vinculada al expediente Nº EX-2024-05198131-APN-DGPPYP#FAA, que tenía un compromiso de confidencialidad por la compra de los 24 aviones F-16AM/BM Fighting Falcon fabricados por Lockheed Martin.
La decisión de ampliar el secreto se conoció en el Boletín Oficial, mediante el decreto N° 735/2026, que firmó el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti.
El secreto militar que establece el decreto apunta a la confidencialidad de todos los datos sobre eventuales exportaciones de material asociado al mantenimiento, actualización y soporte técnico de la flota de cazas.
En los considerandos de la norma se lee que “resulta necesario dictar las medidas para oportunamente llevar a cabo la exportación del material, con el objeto de efectuar tareas de mantenimiento y actualización debiendo primar el resguardo de su información por tratarse de material sensible”.
Entre los materiales a proteger de espionaje figuran partes integrantes de las aeronaves, motores, repuestos, armamento real y de entrenamiento, considerados por el Gobierno como elementos sensibles para la seguridad nacional.
La nueva normativa se suma a una serie de decretos emitidos desde 2024 que fueron ampliando progresivamente el régimen de secreto sobre el programa de incorporación de los F-16.
Estas aeronaves están en servicio en fuerzas armadas de múltiples países, entre ellos los Estados Unidos, origen y fabricante, además de miembros de la OTAN, de modo que una filtración de datos críticos afecta a todos en su conjunto, con el riesgo que supone para operaciones reales en curso, como el conflicto Ucrania-Federación Rusa.
La medida apunta a imponer restricciones al conocimiento del flujo de datos cuando se deba cumplir con tareas de mantenimiento programado y enviar fuera del país determinados componentes para su recorrido en instalaciones de Lockheed Martin o contratistas de sistemas electrónicos y elementos asociados al armamento de los aviones, motores, sistemas de comunicaciones y otros componentes sensibles.
La previsión en el futuro inmediato es llevar la flota al estándar Block 50 Tape M6.6, una mejora del avión de combate para ofrecer mayor potencia de motor, la capacidad de emplear armamento especializado de alta precisión y elevar las capacidades de software, aviónica, guerra electrónica y sistemas de comunicaciones.
“Hay algunos obstáculos en el proceso de actualización de los aviones que son preocupantes”, dijo una fuente que pidió absoluta reserva.
“Se demora la capacidad técnica de contar con una ‘sala limpia o blanca’, que es un espacio de trabajo estrictamente controlado donde se regulan los niveles de polvo, partículas en suspensión, temperatura, humedad y presión del aire para evitar la contaminación de componentes sensibles. Resulta determinante para la actualización de la electrónica y sistemas asociados.
“La presencia de impurezas diminutas en un circuito integrado podría causar fallas mecánicas catastróficas en pleno vuelo o errores en sensores”, agregó la fuente.
La norma se ampara en el decreto 9390/63, donde se considera Secreto Militar a las “adquisiciones, fabricaciones, construcciones y lo relativo a sus negociaciones y trámites” y conlleva también la importación/exportación de material que compromete a la Defensa Nacional, “resultando, por tanto, necesario amparar dicho procedimiento bajo el Secreto Militar de aplicación del Decreto Nº 9390/63, como el conjunto de medidas que el Estado adopta para lograr la seguridad nacional”.
El decreto de ampliación de secreto conocido este miércoles faculta al secretario de Estrategia y Asuntos Militares, general de división Jorge Puebla, a que “instrumente los actos conducentes para efectivizar la presente medida”.
En lenguaje claro, el general Puebla tendrá bajo su control toda la movida burocrática que garantice la confidencialidad en los procesos de exportación de elementos críticos del sistema de armas F-16.
Tarea ciclópea que demandará una coordinación de detalle con la Dirección General de Planes, Programas y Presupuesto de la Fuerza Aérea Argentina, que es el organismo encargado de planificar los proyectos, gestionar los recursos y administrar el presupuesto institucional, y actualmente se encuentra a cargo del brigadier Fabián Capellino.
Además, la preservación de los datos que rodean el sistema de armas F-16 supone tener activadas medidas de contrainteligencia —y cibercontrainteligencia— en modo permanente, una actividad de los organismos de las fuerzas que monitorea y supervisa el Comando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Estado Mayor Conjunto.
La contrainteligencia, en sentido amplio, es una investigación efectuada por los organismos de inteligencia militar orientada a la protección de información crítica del Estado, negar actividades de inteligencia externa —espionaje—, contrarrestarlas, proteger sus secretos, personal, medios, instalaciones y operaciones frente a las amenazas y, en síntesis, neutralizar las acciones de inteligencia de servicios hostiles.
Con la firma del contrato de adquisición de los 24 aparatos a Dinamarca, bajo la aprobación de EE.UU., es de práctica rubricar acuerdos de confidencialidad.
Se trata del resguardo de información militar, entre ellos estrictos protocolos de seguridad, interoperabilidad OTAN y protección de tecnologías sensibles —radares, armamento, equipos de contramedidas electrónicas, etc.—.
Ese bagaje de datos, información técnica, operativa, doctrina básica de empleo de la aeronave, nivel de capacitación del personal, sumado al del armamento o mejoras electrónicas, es parte del objetivo de búsqueda de servicios de inteligencia interesados.
Para la cibercontrainteligencia se trata de proteger las redes operativas del sistema F-16, entre ellas, la de estado y situación de los aparatos de la escuadrilla y la logística que se mueve a través del sistema ILIAS (Integrated Logistic Information Automated System).
ILIAS es una empresa privada que presta el servicio de logística automatizada. “Herramienta digital de gestión logística empleada por numerosas fuerzas aéreas del mundo que operan el caza F-16”, decía la comunicación oficial de la FAA cuando se contrató su prestación.
La contratación del Sistema ILIAS no es pública y está comprendida dentro del secreto militar. Al momento de la negociación, dos generales retirados chilenos, Leopoldo Porras —vicepresidente para América Latina— y Francis Muñoz Covarrubias —gerente de programa— estaban al frente del sistema ILIAS para el programa F-16 argentino.