El Gobierno aseguró que "hizo todo lo que tenía que hacer" para que se investigue el contrabando de autos.

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, enfatizó hoy que el Gobierno "hizo todo lo que tenía que hacer" para que se investigue la importación supuestamente irregular de autos con franquicias diplomáticas.

Fernández confirmó que el titular del Registro Automotor, Miguel Gallardo, fue quien le reveló sobre el uso irregular de privilegios para importar automóviles de lujo.

"Se trataba de vehículos que no eran aptos para el uso diplomático", sostuvo el ministro durante el acto de conmemoración por las víctimas del Holocausto en la sede central del Banco Nación, en esta ciudad.

Más temprano el ministro indicó que Gallardo fue a verlo "por otro tema" y le comentó que "estos autos no cumplían con los plazos mínimos que requiere la legislación para poder nacionalizarlos",

Luego, Gallardo le informó a Taiana en persona de las irregularidades, quien ordenó una auditoría para verificar las anomalías, antes de trasladar el caso a la Justicia.

Fernández recordó que el directivo del Registro también le comentó que otros vehículos "no tenían el certificado de la Secretaría de Industria, porque automóviles como los Hummer y los Lamborghini no son aceptados para importar por un funcionario, porque no sirven para un diplomático".

El ministro destacó "la actividad profesional por parte del Registro Automotor, así como la premura y celeridad con que se trato el tema por parte del canciller Jorge Taiana, que lo auditó inmediatamente y puso el tema sobre el tapete".

Por otra parte, Aníbal Fernández aseguró que "no hay más trámites judiciales pendientes" en el caso, por lo que la investigación aguarda los "resultados" de los informes solicitados en el Registro Automotor y la Cancillería.

"Toda la información requerida (por los jueces Marcelo Aguinsky y Norberto Oyarbide) fue tramitada conforme a los plazos. No hay más trámites pendientes", expresó el funcionario en declaraciones radiales.

El juez en lo Penal Económico solicitó al Registro Automotor los datos sobre compradores y los vendedores de los automóviles, ante la presunción de que fueron ingresados al país con beneficios impositivos para ser vendidos al conveniente precio de mercado.

En tanto, el magistrado federal pidió información a la Cancillería sobre varios miembros activos del cuerpo diplomático extranjero que cumplen funciones en el país.