El Gobierno presentó una apelación contra la decisión judicial que reinstauró el asueto por el Día del Trabajador del Estado, en medio de una creciente disputa con el fuero laboral. En un comunicado emitido este viernes por la noche, el vocero Manuel Adorni afirmó que la jueza Moira Fullana “actuó fuera de competencia” y que “vulneró garantías constitucionales”.
28 de junio 2025 - 12:55
El gobierno de Javier Milei impugnó el fallo que restituyó el feriado del Día del Trabajador del Estado y cuestionó a la jueza
Mediante un comunicado, el Ejecutivo apuntó contra el Poder Judicial por la decisión. En ese aspecto, afirmó que la misma "vulneró garantías".
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Oficializan eliminación del feriado para empleados públicos
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El Gobierno apelará la medida cautelar que suspendió la derogación del Día del Trabajador Estatal
El Gobierno apeló la decisión de la Justicia respecto al día del empleado estatal.
La Casa Rosada formalizó este viernes la apelación contra la medida cautelar dictada por Fullana, que ordenó restituir la jornada no laborable eliminada por decreto. El recurso fue elevado ante la Cámara del fuero laboral, con el argumento de que la jueza resolvió sobre una medida administrativa desde un ámbito jurisdiccional incorrecto.
Según el Gobierno, Fullana debió haber remitido el caso al fuero contencioso administrativo, ya que se trataba de la validez de un decreto y no de un conflicto laboral individual o colectivo.
Las palabras de Manuel Adorni
En su declaración, el vocero Manuel Adorni sostuvo que “en el día de hoy el Gobierno ha apelado la medida de un juez laboral que anuló la eliminación del asueto por el Día del Empleado Público”. Además, apuntó contra la magistrada al señalar que “la jueza actuó fuera de competencia, vulneró garantías constitucionales como el debido proceso y aplicó erróneamente la ley 26.854, que regula las medidas cautelares en el ámbito administrativo, no en el laboral”.
Adorni añadió que “no podemos aceptar que se distorsione la ley para imponer intereses particulares”, e insistió en que el Ejecutivo “tiene derecho a modificar normativas que afecten la gestión de los recursos públicos”.
Desde el Gobierno justificaron la eliminación del feriado como una medida enmarcada en el plan de racionalización del gasto estatal, implementado desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El objetivo, según explicaron, fue “reorganizar los horarios de atención y presencia del personal en organismos públicos” de acuerdo a “estándares internacionales y un uso más eficiente de los recursos”.
La posición de los sindicatos
La decisión judicial de Fullana respondió a una serie de amparos y presentaciones judiciales impulsadas por gremios estatales. Los sindicatos argumentaron que la supresión del asueto afectaba derechos adquiridos por los trabajadores públicos, y que su eliminación representaba un retroceso en materia de protección laboral.
La jueza hizo lugar al planteo y ordenó reponer la jornada no laborable, al considerar que el feriado formaba parte del régimen de condiciones laborales del sector público.
Por su parte, en el comunicado difundido este viernes, Adorni remarcó que la medida judicial constituye una “intervención indebida” y una instrumentalización de la Justicia para defender lo que definió como “privilegios”. Según expresó, “la cautelar representa un obstáculo para el avance del plan de reformas impulsado desde el comienzo de la gestión”.
En la apelación, el Gobierno solicitó a la Cámara laboral que revierta de forma urgente la resolución de la jueza Fullana, por considerar que “afecta la potestad del Ejecutivo para administrar con eficiencia los recursos del Estado” y debilita el programa de ajuste fiscal trazado por el presidente Javier Milei.
La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial
La controversia en torno al Día del Trabajador del Estado dejó expuesta una nueva línea de conflicto entre el Poder Ejecutivo y el fuero laboral, en un contexto de fricción creciente por las reformas impulsadas por el oficialismo.
Desde la Casa Rosada sostienen que este tipo de resoluciones judiciales buscan “obstaculizar las transformaciones necesarias para revertir el déficit” y acusan a ciertos sectores de la Justicia de “defender estructuras corporativas”.
Por el momento, el futuro del asueto permanece en suspenso, a la espera de la resolución que emita la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
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