La Cámara Federal porteña resolvió que la causa por el presunto pago de sobornos para la construcción de gasoductos a cargo de la empresa sueca Skanska quede a cargo del juez federal Norberto Oyarbide, quien también tiene otros expedientes de alto impacto.
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La decisión del Tribunal se produjo a raíz de un problema de competencia entre Oyarbide, quien investiga la presunta comisión del delito de cohecho, y el juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart, quien tiene a cargo la tramitación de una parte de la causa por "evasión impositiva".
Hasta ahora, la causa avanzó dividida entre los dos fueros, pero ahora la Cámara determinó que quede unificada en el juzgado de Oyarbide.
El magistrado tuvo en las últimas semanas una gran exposición a raíz de las causas por la denominada "mafia de los medicamentos" y el espionaje ilegal en la Ciudad, pero también tiene el expediente sobre el crecimiento patrimonial de los Kirchner.
Al fundamentar su decisión, los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero sostuvieron que "la mayor amplitud de la imputación que ha formulado" Oyarbide es motivo para que la causa esté exclusivamente a su cargo.
Además, explicaron que la investigación que emprendía López Biscayart "estaba puesta sobre el cómputo contable de operaciones inexistentes para generar créditos fiscales espurios", en tanto que Oyarbide investiga "sobre el desvío y pago irregular a funcionarios".
"La doble valoración jurídica de una misma acción importa, en realidad, su doble juzgamiento", añadieron los jueces.
"El haber atribuido en las intimaciones formuladas por el juez Norberto Oyarbide, más allá de su significado jurídico, reconoce identidad, al menos parcial y en virtud de un innegable solapamiento, con el hecho imputado por el juez Javier López Biscayart", afirmaron.
Al mismo tiempo, indicaron que "el engaño al fisco ha operado como una consecuencia más de la generación del crédito para encubrir las comisiones ilegales".
"Estas comisiones reconocerían su causa fuente no en la infracción tributaria, sino, presuntamente, en la contratación de la empresa privada por el Estado", explicaron en la resolución.
"La mayor amplitud de la imputación que ha formulado el Dr. Oyarbide es la pauta que ha de primar, por el momento", concluyeron los camaristas.
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