El oficialismo buscará esta semana avanzar en la prórroga de las facultades delegadas

El oficialismo buscará avanzar esta semana con el proyecto que prorroga las facultades delegadas, que recibirá dictamen el martes y un día después sería debatido en el recinto de la Cámara baja, para darle tiempo al Senado que debe sancionarlo antes del 24 de agosto, fecha en que vence la vigencia de esas normas.

El camino quedó allanado el miércoles pasado cuando el oficialismo logró aprobar una preferencia para tratar el proyecto en la próxima sesión, con lo cual no necesitará cumplir con los tiempos reglamentarios que establecen 7 días desde que se emite el dictamen, para que un tema pueda ser considerado por el plenario.

Fuentes del oficialismo de la Cámara baja confiaron en que alcanzarán el número de diputados necesarios para aprobar el proyecto que se encuentra en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales.

Esa comisión se reunirá el martes para continuar con el trabajo que inició hace dos semanas, cuando varios diputados del oficialismo presentaron el proyecto que pide la ampliación por una año de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo Nacional.

En el tema del tiempo por el que se otorgará la prórroga se encuentra la mayor discrepancia entre oficialistas y opositores, ya que los primeros piden que sea, como mínimo de un año y los segundos insisten con que ése puede ser el plazo máximo.

El diputado kirchnerista Jorge Landau señaló que "el martes próximo se espera obtener un despacho por mayoría" y que "posiblemente también surjan otros despachos por minoría".

En el proyecto original del oficialismo también se contempla la creación de una comisión que durante 240 días estudie todas las leyes que integran el paquete (unas 1.900) y dictamine sobre las mismas.

En este punto, no existen mayores diferencias entre oficialismo y oposición aunque los sectores más enfrentados al Frente para la Victoria piden que se baje la cantidad de días para materializar su apoyo a la ley.

Algunos bloques, en tanto, hablan de 90 días, mientras que otros manejan la alternativa de llevar ese plazo a seis meses, es decir 180 días.

El proyecto del oficialismo ratifica la necesidad de prorrogar las facultades, en sintonía con iniciativas similares aprobadas en cinco oportunidades en los últimos 10 años.

El oficialismo, conformado actualmente por 111 diputados, confía en poder contar para la aprobación de la iniciativa con los 9 integrantes del bloque Solidaridad e Igualdad, que incluye entre otros a Eduardo Macaluse, Carlos Raimundi y María América González.

Estos diputados, a los que se sumarían los cinco de Encuentro Popular y Social (Vilma Ibarra, Victoria Donda, Jorge Rivas, Cecilia Merchan y Ariel Basteiro) y Claudio Lozano, de Proyecto Sur ofrecerán el lunes una conferencia para dar a conocer su posición.

Para superar los 129 votos necesarios para el quórum y para aprobar el proyecto, desde el bloque que preside el santafesino Agustín Rossi, descuentan que mantendrán los apoyos expresados en las últimas votaciones de la cámara por los tres miembros del Movimiento Popular Neuquino, los "independientes" como Lorenzo Borocoto, Paola Spatola y Emilio Kakubur.

Además, sumarían a los seis del Frente Cívico por Santiago del Estero, que responden al gobernador radical K, Gerardo Zamora, a los cuatro del partido de la Concertación, y a los del bloque que decidieron conformar la ex radical Silvia Vázquez y el ex conductor televisivo Claudio Morgado.

"No somos aliados del gobierno, a nadie le sirve aprobar una ley por 129 votos y las facultades en toda materia administrativa no se los vamos a votar", aclaró igualmente Macaluse, que durante la semana que pasó mantuvo contactos con los principales referentes del bloque oficialista.

Desde el radicalismo, terminarán de fijar entre lunes y martes una postura en común con los diputados del PRO, la Coalición Cívica, el socialismo y el peronismo disidente, en una idea que hasta el fin de semana pasaba por "rechazar unánimemente el proyecto y recuperar las facultades del Congreso".

Como posibilidad intermedia de negociación, aceptarían las facultades delegadas prorrogadas pero se opondrían a que el Poder Ejecutivo mantenga esta atribución sobre los derechos de exportación para los granos que está contemplada en el Código Aduanero.

Desde el oficialismo consideran como inviable a la posibilidad de que el Congreso se pronuncie en cada una de las miles de posiciones arancelarias fijadas en el Código Aduanero.