La Legislatura porteña aprobó anoche una ley que declara la Emergencia Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo durante los próximos cinco años y obliga al Gobierno porteño a destinar $ 300 millones del Presupuesto de la Capital Federal para un proyecto de saneamiento.
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La iniciativa prevé, entre otras medidas, un censo de la población que habita en terrenos costeros y el traslado y reubicación de familias.
La bancada kirchnerista se retiró del recinto antes de la votación en desacuerdo con el proyecto de ley, ya que el gobierno nacional presentará un plan para solucionar el problema de la contaminación de la cuenca y esperaban que primero se hiciera el anuncio.
La declaración de emergencia por cinco años se fundamentó en «asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano». La norma impone al Ejecutivo la realización de un censo habitacional sobre la ribera del Riachuelo « identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas» y que disponga «los medios necesarios para trasladar y reubicar a todas las personas que vivan en asentamientos precarios sobre la margen del Riachuelo correspondiente a la Ciudad y estén siendo negativamente afectados».
Ordena, además, una serie de estudios ambientales y otros clínicos a los afectados, como la creación en los hospitales de la cuenca de un «Centro de Salud Ambiental», entre otros puntos.
A su vez, la norma crea una Comisión por el Riachuelo, la que debería constituirse dentro de los veinte días posteriores a la promulgación de la ley.
Error jurídico
El legislador Helio Rebot consideró que «más allá del buen tino de los autores, esta ley debe estar sancionada por el Congreso nacional, por eso considero que aprobar este proyecto es un error jurídico». Por otra parte, es posible que Jorge Telerman vete la norma, que obliga a la creación de un ente con otras jurisdicciones.
La norma, entre otros aspectos, insta al jefe de Gobierno porteño a «celebrar un tratado en el plazo de 90 días con el Poder Ejecutivo Nacional y la provincia de Buenos Aires, para constituir una Autoridad de la Cuenca», a la que deberán subordinarse todos los organismos existentes que trabajan en el mismo tema y determina que los equipos técnicos que trabajen convocados por la Autoridad de la Cuenca deberán ser nombrados por concurso público».
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