El Senado aprobó creación de nueva Policía Aeroportuaria

La Cámara de Sendores de la Nación aprobó hoy por unanimidad y tras un debate de más de una hora, la creación de la nueva Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que establece las funciones que deberá tener esta nueva fuerza de seguridad que controlará los aeropuertos de todo el país, en reemplazo de la ya disuelta Policía Aeronáutica Nacional (PAN).

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso en marzo de 2005 cuando decidió transferir el control de la seguridad de los aeropuertos al Ministerio del Interior que creó una nueva policía, luego del escándalo que se desató por el envío de dos valijas con droga, en septiembre de 2004, en un avión de la empresa SW hacia Madrid.

A principios de mayo de este año la Cámara de Diputados le dio media sanción, y hoy con el voto de los 52 senadores presentes, y la presencia del secretario de Seguridad Interior, Luis Tibiletti, y del interventor de la PSA, Marcelo Saín, el Senado lo convirtió en Ley.

Uno de los puntos centrales del proyecto es que se desmilitariza el control de seguridad de los aeropuertos dado que hasta hace un año esas funciones las desempeñaba la Fuerza Aérea que, a juicio de los parlamentarios, no debe ocuparse de temas de seguridad interior ya que tiene otra misión en la defensa del país.

De acuerdo con el proyecto "la seguridad aeroportuaria será dirigida por un funcionario civil sin estado policial, sin perjuicio que también pueda ser conducida por un oficial superior de máxima jerarquía de la fuerza".

En realidad, la iniciativa adjudica a la PSA más poder del que tenía la antigua PAN para vigilar las 57 estaciones aéreas del Sistema Aeroportuario Nacional, 33 de las cuáles están concesionadas.

El ámbito de aplicación de la seguridad aeroportuaria se extiende no sólo a los aeropuertos y aeródromos sino a sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y comprende a toda persona física o jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias.

Asimismo, dispone que un Comité se Seguridad Aeroportuaria, a su vez, reportará al secretario de Seguridad Interior.

Además, la nueva fuerza policial tendrá dos áreas, una de prevención que se dedicará a delitos menores, y otra de delitos complejos para combatir el narcotráfico y el terrorismo.

A lo largo del proyecto se establece que la seguridad aeroportuaria preventiva desarrollará actividades y operaciones en el nivel estratégico y táctico, necesarias para prevenir, conjurar e investigar los delitos y las infracciones en el ámbito aeroportuario.

En tanto, la seguridad aeroportuaria compleja consistente deberá combatir "los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados con el narcotráfico, el terrorismo, el contrabando y otros delitos conexos".

También fija que la PSA ejercerá en el ámbito aeroportuario las funciones de policía aduanera, migratoria y/o sanitaria donde y cuando no haya autoridad establecida por las respectivas administraciones.

Pero la mayor crítica se la lleva el artículo 21 en su inciso 2 que faculta a la PSA a "solicitar informes, documentos, antecedentes" a "cualquier organismo" y "a personas físicas o jurídicas".

Tanto los senadores del radicalismo como algunos del Frente para la Victoria consideraron que ese artículo "extralimita" las facultades de la nueva fuerza y que, incluso, podría ser declarado "inconstitucional", por lo que votaron en contra cuando la norma debió decidirse en particular.

El radical Luis Petcoff Naidenoff pidió eliminar ese inciso porque, según afirmó, la nueva policía estaría "arrogándose facultades jurisdiccionales que no puede tener y funciones impropias para una fuerza policial".

Además, el justicialista jujeño Guillermo Jenefes, quien también se opuso a ese ítem, expresó sus "dudas de que se esté violando el derecho a la intimidad de las personas".

La titular de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, la salteña Sonia Escudero, defendió la redacción del inciso 2 del artículo 21, argumentando que las facultades de la PSA están acotadas "a la normativa vigente".

La oposición también criticó que la nueva fuerza esté habilitada para regular, habilitar y fiscalizar los servicios de seguridad privada, argumentando que esa no podía ser una facultad de la nueva fuerza.

Desde el oficialismo, la titular de la Comisión de Defensa Nacional, María Cristina Perceval, consideró que esta norma "avanza sobre la desmilitarización de la seguridad"; mientras que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el chaqueño Jorge Capitanich, habló de "tener una fuerza profesional y un programa de capacitación".