El proyecto impulsado por el Gobierno se trata en comisión y reabre el debate con apoyos de familiares y críticas de la oposición y organismos.
El proyecto se trata en un plenario de comisiones con posiciones enfrentadas.
El Senado debate este miércoles una reforma de la ley de Salud Mental en un plenario de comisiones, en una jornada que concentra fuerte expectativa política y posiciones enfrentadas entre el oficialismo, la oposición y organizaciones vinculadas a derechos humanos.
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La iniciativa enviada por el Gobierno será tratada desde las 16:30 en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, en lo que representa el primer paso formal para modificar la normativa vigente desde 2010.
El proyecto propone una serie de cambios estructurales en el abordaje de la salud mental, tanto en los criterios de intervención como en la organización del sistema y el rol de los profesionales.
Uno de los ejes centrales es la revisión de las condiciones bajo las cuales se puede recurrir a la internación, incorporando nuevas definiciones que amplían el margen de actuación frente a situaciones de riesgo.
En ese sentido, el texto establece que “la internación es considerada como un recurso terapéutico excepcional” y que solo debe aplicarse cuando represente mayores beneficios que otras alternativas en el entorno familiar o comunitario.
Además, se fijan mecanismos de control que obligan a informar a la Justicia en plazos determinados cuando se adopten este tipo de medidas, con el objetivo de garantizar la supervisión del proceso.
El proyecto modifica el criterio actual de “riesgo cierto e inminente” e introduce la noción de riesgo grave para la vida o la integridad física, ampliando los casos en los que se puede intervenir.
Otro punto relevante es la incorporación del consumo problemático de sustancias dentro del marco de la salud mental. El proyecto señala que “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”, y plantea que el tratamiento debe considerar la situación particular de cada persona.
En esa línea, también se establece que “el uso, abuso o adicción al consumo de sustancias o drogas -legales o ilegales- relacionado con afecciones o trastornos del comportamiento deben ser abordados teniendo en cuenta la singularidad de cada persona”, garantizando el respeto de sus derechos.
La iniciativa introduce cambios en el funcionamiento de los equipos de atención, al reforzar el rol de los profesionales médicos dentro de los esquemas interdisciplinarios que ya prevé la ley vigente.
Se establece la presencia obligatoria de un médico psiquiatra y se otorga mayor peso a la evaluación clínica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.
El tratamiento de la reforma comenzó formalmente el miércoles 29 de abril en el Senado, con un plenario conjunto de las comisiones de Salud, a cargo de la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta, y de Legislación General, que preside Nadia Márquez.
Esa instancia fue el primer paso de un recorrido que, según admiten en el propio Congreso, no será inmediato. De hecho, durante la reunión ya quedó planteado que el debate se extenderá en el tiempo.
Los distintos bloques opositores pidieron convocar a expositores, lo que implica una serie de audiencias informativas con especialistas y organizaciones en las próximas semanas.
El oficialismo defiende esa apertura, pero al mismo tiempo buscan sostener la iniciativa. La Directora de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, planteó: “Después de 15 años de sancionada la ley, podemos concluir que, de esta forma, no funciona adecuadamente”, en referencia al régimen vigente desde 2010.
Si el proyecto logra dictamen, sigue será su tratamiento en el recinto. Allí necesitará mayoría para obtener media sanción. En caso de ser aprobado, deberá pasar a la Cámara de Diputados, donde se repetirá un proceso similar: comisiones, debate, posibles modificaciones y votación final.
Según González, los nuevos ajustes apuntan a “evitar casos trágicos de suicidios y severas agresiones a terceros por la imposibilidad de recibir el tratamiento adecuado”. De ahí parte la necesidad de las internaciones involuntarias y el “concepto de prevención, rehabilitación y recuperación como el primer nivel de atención”.
También habría cambios en los tiempos de decisión. El proyecto establece que, ante una situación urgente, un profesional podría actuar de inmediato y luego contar con el respaldo de un equipo interdisciplinario en menos de 24 horas.
A su vez, se prevé que un juez pueda seguir la evolución de la internación durante varios meses.
Otro eje es el fortalecimiento del sistema. Durante el debate se expusieron datos que muestran una brecha en la capacidad de atención: según cifras oficiales, hay 6.632 camas destinadas a salud mental en el país, lo que equivale a 14,5 cada 100.000 habitantes, muy por debajo de estándares internacionales.
Acerca de este punto, anticipándose a las preguntas sobre el presupuesto destinado, la propia González reconoció: “Se reclama el 10%, pero ningún gobierno pudo alcanzarlo”.
En paralelo, se pone el foco en el rol de las familias y su responsabilidad, especialmente en casos donde los pacientes quedan sin contención porque el entorno se desliga del seguimiento con la excusa de haber pagado una obra social.
Desde la oposición, en cambio, advierten que el avance no será sencillo. “Son 18 las provincias que rechazan la modificación de la ley”, dijo la senadora Lucía Corpacci (Unión por la Patria), que fue la primera que solicitó la presencia del Consejo Federal de Salud.
“Los citaron a un encuentro, comentaron la ley y, a los tres días, la presentaron en el Congreso”, advirtió.
La legisladora de Catamarca mencionó el problema actual sobre el financiamiento del sistema sanitario y puntualizó en el hospital Laura Bonaparte. Su colega de interbloque, Fernando Salino, coincidió y agregó: “Fue cruento”.
Por su parte, Patricia Bullrich detalló que “esta ley propone mecanismos ágiles, no burocráticos, para resolver más rápido situaciones urgentes”.
"Analicen desde la vida de la gente que sufre, que muere o que hoy no tiene mecanismos frente a situaciones terribles. Ahí está el sentido de esta reforma", explicó.