El Senado dio media sanción a la ley antiterrorismo

El Senado otorgó esta tarde media sanción a un proyecto de ley oficial que penaliza las asociaciones ilícitas terroristas y su financiación, que era reclamado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo mundial que lucha contra el lavado de dinero, y que integra la Argentina.

La iniciativa, a cuya aprobación antes de fin de junio se comprometió la Argentina ante el GAFI, fue enviada a la Cámara de Diputados, para su sanción definitiva.

El proyecto fue aprobado por 51 votos a favor y uno en contra -del socialista Rubén Giustiniani-, luego de un debate que se centró en la figura penal de la asociación ilícita, también cuestionada por la bancada radical, que de todos modos votó a favor para respetar el compromiso internacional del país.

Esta iniciativa crea la figura penal de "asociación ilícita terrorista y financiación del terrorismo" y amplía las funciones de la Unidad de Información Financiera, que además de investigar las operaciones de lavado de dinero, ahora deberá vigilar también aquellas sospechosas de financiar organizaciones terroristas.

Vilma Ibarra fue la miembro informante, quien subrayó "el compromiso del Gobierno de combatir el terrorismo respetando los derechos humanos".

Al justificar la necesidad de introducir estas modificaciones al Código Penal, remarcó que "no se puede dejar librado la lucha contra el terrorismo a normas generales, sino que hay que establecer figuras penales especiales".

Sobre la figura de la asociación ilícita, subrayó que "tiene una tradición dogmática en nuestro Código Penal", lo cual fue respaldado luego por la justicialista salteña Sonia Escudero, quien precisó que dicha figura "nunca fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia".

Escudero justificó que se castigue el estadio anterior a la comisión del delito, algo criticado por algunas organizaciones de derechos humanos, al sostener que la ley apunta precisamente "a la prevención del acto terrorista".

Por el radicalismo habló luego el formoseño Luis Petcoff Naidenoff, quien aclaró que su bancada apoya la iniciativa, aunque formuló "algunas observaciones".

En particular, apuntó contra "cierto apresuramiento de cuestionamientos de carácter
doctrinario y jurisprudencial", al referirse a la figura de asociación ilícita, y recordó que se la ha usado "abusivamente" para aplicar la prisión preventiva.

Dijo que hubiera sido mejor introducir una figura legal "autónoma", a través de "una ley especial", y no de una modificación del Código Penal.

Agregó que el de la asociación ilícita "es un delito de ideación, ni siquiera en el grado de tentativa", y puntualizó que la Cámara Federal Penal número uno la declaró inconstitucional, pues "podría ser usada para la represión política".

Posteriormente, el socialista Rubén Giustiniani advirtió que la mayoría de los especialistas del derecho penal sostienen que "bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha contra la delincuencia muchas veces se afectan derechos constitucionales".

"Todos rechazamos el terrorismo y creemos en la paz, pero hay un debate sobre cual es la metodología que se debe desarrollar para el combate de los delitos terroristas", remarcó.

Señaló que el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001 dio origen en Estados Unidos a un Acta Patriótica para aplicación interna, pero que ese país "busca una estandarización internacional" basada en esa norma.

Al respecto, Giustiniani indicó que dicha Acta implica "un concepto de terrorismo desarrollado por la administración republicana, que es ahora cuestionado en el seno mismo de Estados Unidos".

El legislador santafesino hizo notar que "el concepto de terrorismo es equívoco", y citó en tal sentido que un especialista norteamericano que dijo que "terrorismo es lo que hacen los malos".

La norma sancionada contempla para los fundadores o jefes de la asociación ilícita que el mínimo de la pena será de diez años de reclusión o prisión.

Se dispone además que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a quince años, salvo que correspondiere una pena mayor, el que recolectare o proveyere bienes o dinero, con conocimiento de que serán utilizados, en todo o en parte, para financiar a una asociación de ese tipo.