Eliminarán imposición de hacer internas abiertas
El realismo en política ayuda a la eficacia, pero choca muchas veces con la aspiración legítima por lo mejor. Los mismos políticos y el mismo partido que hace cinco años imponían internas abiertas, obligatorias y simultáneas para elegir candidatos, ahora se disponen a derogarlas. Esa ley con tanta intención de transparencia la eludieron las agrupaciones con listas únicas o creando nuevos partidos exceptuados de realizarlas. En las presidenciales de 2003 ya se las suspendió porque a nadie le convenía el sistema. Otra norma facilitará el manejo del dinero de campaña por los partidos y le pone límite a la persecución por la Justicia de eventuales desmanejos. Para algunos será una amnistía ante desprolijidades en ese terreno cometidas en las presidenciales de 2003 que aún están bajo la mirada judicial.
-
Milei, entre las contorsiones narrativas y los límites de la reactivación
-
Campo: advierten que 120.000 puestos de trabajo están en peligro por el vencimiento de un decreto
El proyecto del oficialismo para mitigar los rigores de controles
de fondos de campaña navega en el Congreso desde
el viernes. Facilita las rendiciones y le pone límite a la
persecución judicial ante eventuales irregularidades.
Un segundo proyecto de ley que el mismo Landau presentó el viernes pasado propone importantes cambios en las normas de financiamiento partidario: 1) impone un piso de 2% del padrón en votos obtenidos por un partido para poder acceder a los fondos públicos de que dispone el Estado; 2) permite que los partidos reciban donaciones sin límite de monto; hasta ahora las donaciones de particulares podían hacerse al Fondo Partidario Permanente, una cuenta del Ministerio del Interior que después los asignaba a los partidos; 3) equipara a las alianzas con los partidos políticos, convirtiéndolos en los protagonistas del hecho electoral con lo cual los apoderados de las alianzas estarán sujetos a los mismos controles y eventuales sanciones que los apoderados de los partidos que las integran; 4) acorta a 120 días el plazo para aprobar una rendición a la Justicia de fondos de campaña. En ese lapso la Justicia debe aprobar o no y desde ese momento habrá un año para escuchar descargos y, si cabe, sancionar a los responsables de irregularidades. Pasado este tiempo prescribirán todas las sanciones; 5) Obliga a los partidos a publicitar sus presupuestos y rendiciones de campaña y legitima la acción de entidades y particulares para efectuar impugnaciones o denuncias.
Este paquete de reformas encuentra explicación en la experiencia electoral del último lustro. No tiene justificación por lo menos en el sentido que se propone ya que vuelve atrás en los intentos de reforma política que se emprendieron en la última década y que habían culminado en la ley de internas abiertas y en las leyes de financiamiento político. Ante la imposibilidad de aplicarlas, el oficialismo a través del Congreso renuncia a la posibilidad de primarias abiertas en la elección de candidatos y declara algo que se parece mucho a una amnistía en el manejo de fondos de campaña, algo que surge de lo siguiente:



