Eluden cambiar ley que beneficia a monopolio

Hasta ahora no hay un solo bloque en la Legislatura porteña que tenga posición unificada con respecto a la ley que benefició a las actuales empresas de cable, permitiéndoles no soterrar las redes como les obligó una ordenanza nunca cumplida.

Los legisladores deben decidir si aceptan un fallo del Tribunal Superior de Justicia, que perjudica a la principal empresa de servicios de televisión por cable, en la ciudad, el grupo «Clarín» que maneja 85% del mercado local. Los jueces se inclinaron por darle la razón a Gigacable, firma que presentó un recurso de inconstitucionalidad porque la norma sancionada durante la gestión de Aníbal Ibarra imponía que las nuevas prestadoras debían extender los cables bajo tierra, mientras las existentes no.

En donde sí hubo acuerdo, fue en el macrismo, pero no para definir qué hacer con esa ley y sus beneficios, sino para estirar todo lo posible los plazos que impone el Tribunal Superior de Justicia con respecto a cambiar la norma.

Por eso, cuando se pensaba que ya estaba vencido ese lapso, el macrismo, en una pirueta de calendario, estimó que se debían contar días legislativos y no corridos y a eso le descontaron el período de receso y así consideraron que pueden estirar la definición dos meses más.

Los jueces declararon la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, especialmente los que obligan a las nuevas empresas que quieren entrar en el mercado porteño de TV paga a soterrar las redes, lo que demanda un gasto 10 veces superior al de sostener los cables con postes.

La Legislatura puede ratificar la norma e impedir que se instalen más cables que transiten el espacio aéreo de la Capital Federal, aún desoyendo a la Justicia. En ese caso estarían confrontando también con el monopolio «Clarín».

La otra opción es que los diputados enmienden la norma en cuestión y quiten los artículos que para la Corte porteña son inconstitucionales.

Pero, dentro de las bancadas hay diferencias de criterio y todavía no hay una posición clara, especialmente en el macrismo, ya que el propio jefe de Gobierno no se ha pronunciado ante sus diputados sobre lo que considera debe hacerse. Es más, tampoco Macri, al hablar de proyectos para la Ciudad de Buenos Aires y del espacio público, una de las áreas que considera primordial en su gestión, ha hecho referencia aún a qué hará con el cielo porteño.

Del mismo modo, el kirchnerismo tampoco tienerespuesta todavía sobre el tema, que por otra parte limitó el número de postes, excluyendo cualquier negocio de televisión paga.

Lo cierto es que, aun cuando los legisladores ratificaran la norma impidiéndoles a nuevas firmas que cuelguen sus redes de postes, Gigacable ya contaría con el permiso para competir sin hacer un tendido subterráneo. Si hubiera otras que quisieran ingresar en ese mercado, en cambio deberían recurrir al Tribunal Superior de Justicia pidiendo su propia declaración de inconstitucionalidad.

Por eso, el gobierno macrista ya estudia proyectos para que sea el propio Estado el que disponga de los ductos subterráneos para que las empresas de servicios (ya abarcaría más que TV por cable) los utilicen para hacer sus tendidos subterráneos.

La Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la ley, que lleva el número 1.877, y que determina dos zonas en la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de regular los tendidos. En la primera (en el casco histórico y microcentro), las compañías de cable existentes deben soterrar las redes; y en la segunda, en el resto de la Ciudad, deben reemplazarse los actuales postes de madera por otros de metal, en un plazo de 36 meses en las avenidas y de 10 años en las calles.

Así quedaron sólo tres empresas autorizadas de hecho para hacer el tendido aéreo en la Ciudad, las ya existentes CableVisión, Multicanal y Telecentro.