29 de diciembre 2005 - 00:00

Empujón final para que se vote polémica reforma en la Justicia

El gobierno dio ayer un paso fundamental en su ambición de dominar el Poder Judicial tras la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de Diputados donde se aprobó el dictamen de reforma del Consejo de la Magistratura, que a fines de febrero podría convertir en ley la Cámara baja. El oficialismo como la oposición duhaldista debieron pagar más costos. Las filas kirchneristas perdieron el voto de Rafael Bielsa, quien anticipó que se opondrá al plan del peronismo por controlar la designación y remoción de los jueces. Se sumó así -aunque sin fotos-a la reacción conjunta y coordinada de todo el arco opositor, inédito durante la gestión de Néstor Kirchner. El bloque Peronista Federal (duhaldismo) quedó virtualmente fracturado al firmar el dictamen algunos de sus miembros en disidencia total -Juan José Alvarez y Francisco de Narváez-y otros en forma sólo parcial -Carlos Ruckauf y Jorge Landau-. Hilda Duhalde criticó, además, a José María Díaz Bancalari por no apoyar al arco político opositor. Ver gráfico

Rafael Bielsa, quien se retiró sin firmar el dictamen; el radical Mario Negri; el secretario administrativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, y el balestrinista Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia. Ahora el oficialismo necesitará sólo 129 votos para convertir en ley la reforma al Consejo de la Magistratura.
Rafael Bielsa, quien se retiró sin firmar el dictamen; el radical Mario Negri; el secretario administrativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, y el balestrinista Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia. Ahora el oficialismo necesitará sólo 129 votos para convertir en ley la reforma al Consejo de la Magistratura.
Con la aprobación del dictamen presentado ayer por el kirchnerismo en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, el oficialismo dio un paso más para imponer la polémica reforma del Consejo de la Magistratura y dejar en manos del poder político la capacidad de veto en la designación y remoción de jueces. Las implicancias institucionales del hecho que, según los críticos de la medida, vulnera el principio de la división de poderes, estuvieron reflejadas en un debate que se extendió desde las 9.30 hasta las 16.27, cuando con la firma incluida de los duhaldistas presentes quedó listo el dictamen de mayoría que será tratado a fines de febrero por los diputados durante la prórroga de las sesiones extraordinarias.

Allí el oficialismo necesitará juntar sólo 129 votos para convertir el proyecto en ley, una misión que los legisladores leales a Néstor Kirchner no veían tan difícil teniendo en cuenta que cuentan con 116 diputados propios, más siete del «adolfismo» que, según caciques parlamentarios del gobierno, «están más firmes que nunca».

La alusión a los diputados de Rodríguez Saá no es trivial, ya que la semana pasada la Corte Suprema avaló el acuerdo entre el gobierno nacional y San Luis para la devolución de los fondos de ese estado atrapados en el «corralito». La primera muestra de fidelidad del bloque puntano había sido dar quórum y votos para la prórroga de la emergencia económica.

Estrategia

Ayer, el fracaso de la oposición estaba cantado. De nada sirvió la estrategia urdida por radicales, aristas y macristas de no presentar un dictamen en minoría. Mucho menos llenar la sala de oradores de ONG y organizaciones intermedias ligadas a la Justicia para tratar de torcer el brazo del kirchnerismo. Y casi ingenua resultó la moción en la que pedían que se vote la convocatoria a una audiencia pública para tratar el tema. A la mayoría de los diputados se le mezclaba ayer el deber con las vacaciones, y el apuro por abandonar el trabajo fue tan evidente que apenas firmado el dictamen casi todos partieron raudamente para comenzar a disfrutar su descanso.

Los aristas Elisa Carrió y Eduardo Macaluse, los radicales Federico Storani y Fernando Chironi, junto a los macristas Pablo Tonelli y Esteban Bullrich habían diseñado una estrategia para que un eventual dictamen en minoría de la oposición no fuese funcional al juego kirchnerista. Temían que en caso de presentar un dictamen en disidencia, éste fuese votado por el oficialismo en Diputados, para ser luego remitido al Senado, donde el gobierno tiene la mayoría para insistir con el proyecto originario y convertirlo en ley. Pero nada de eso ocurrirá ya que a fines de febrero, cuando se trate el tema en extraordinarias, el kirchnerismo estará a sólo cinco votos de convertir en ley la reforma del Consejo de la Magistratura.

Uno de los discursos más críticos estuvo a cargo del radical Mario Negri, quien pidió que un tema de tanta trascendencia institucional tenga un debate más extenso y se preguntó retóricamente: «¿Qué pasa si no sale hoy el dictamen, acaso se cae el país?» Para el diputado cordobés de la UCR, Néstor Kirchner no advierte que su problema no es con uno o dos vecinos del arco político, sino con todo el barrio. «Si el Presidente no se da cuenta de eso, entonces el problema está en la casa y no en el barrio», deslizó irónicamente.

Carrió
disparó contra Carlos Kunkel y Diana Conti, acusándolos de ser los comisarios políticos de Kirchner y apeló a la memoria colectiva citando la Guerra de Malvinas, la privatización de YPF y el pago adelantado al FMI con las reservas del Banco Central. «Ojalá que esta vez nos demos cuenta antes de lo que está haciendo el gobierno. Hay que evitar el fascismo de las mayorías, los dichos de la barbarie no tienen relevancia y Kirchner es un fascista nato», exclamó la jefa del ARI.

Se trató de un maratónico y exhaustivo debate,
para una decisión que en realidad ya estaba definida de antemano, que fue seguido desde sus asientos por el laboralista moyanista Héctor Recalde, quien cuestionó que la modificación en la composición del órgano alterara el concepto de «equilibrio» mencionado en el artículo 114 de la Constitución nacional. Estaban presentes Gerónimo Vargas Aignasse, miembro informante, Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia, Jorge Argüello, Adrián Pérez y Marcela Rodríguez (ARI), y los macristas Pablo Tonelli y Estaban Bullrich, entre otros.

El polémico proyecto unificará además las comisiones de Acusación y Enjuiciamiento, y
le dará a la Corte Suprema el manejo del presupuesto de la Justicia, que hasta ahora se administra en consonancia con el Consejo de la Magistratura. Por eso no ha dicho nada el presidente del Tribunal Enrique Petracchi, pese a que fue excluido de la presidencia del consejo de jueces con la excusa de que «no iba nunca», según el senador Miguel Pichetto. «Es falso que el Consejo sea un órgano burocrático e ineficiente. Mientras el Senado destituyó un juez cada ocho años, el Consejo removió a 10 en siete años», opinó Storani.

Rafael Bielsa, quien se retiró sin firmar el dictamen; el radical Mario Negri; el secretario administrativo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Urtubey, y el balestrinista Luis Cigogna, presidente de la Comisión de Justicia. Ahora el oficialismo necesitará sólo 129 votos para convertir en ley la reforma al Consejo de la Magistratura.

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