En Diputados, Garré defendió ley antimilitar

Política

Nilda Garré presentó ayer el proyecto de reforma al sistema de Justicia Militar ante la Cámara de Diputados. Ante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Defensa de la Cámara baja, la ministra respondió las inquietudes de los legisladores sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo, pero evitó referirse a temas clave como la crisis de los radares y el hundimiento del rompehielos Irízar.

«Es un proyecto al que le tenemos especial afecto, porque es una deuda en el ámbito militar», dijo Garré ante unos 40 diputados, la mayoría kirchnerista. «Cuando llegamos al Ministerio de Defensa en diciembre de 2005, nos encontramos urgidos para realizar esta ansiada reforma por los casos del capitán del Ejército Rodolfo Correa Belisle y el caso Argüelles, que comprendía a muchos integrantes de la Fuerza Aérea Argentina».

El capitán Correa Belisle fue condenado a prisión por el Ejército después de denunciar que hubo encubrimiento tras al crimen del soldado Omar Carrasco, y Argüelles es un oficial de la Fuerza Aérea que fue acusado por defraudación y juzgado por el Código Militar. «Con esta reforma se igualan los derechos constitucionales de todos los ciudadanos y se avanza en la modernización de las Fuerzas Armadas», destacó también la peronista oficialista María del Carmen Rico.

  • Derechos

    Garré explicó, además, que el proyecto busca que «los miles de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tuvieran los mismos derechos que los demás ciudadanos». La ministra llegó al edificio anexo al Congreso acompañada por el juez supremo Eugenio Raúl Zaffaroni, integrante del Instituto de Investigaciones Penales de la Universidad de Buenos Aires (UBA); Alberto Binder, integrante del consejo consultivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales; y el coronel auditor Manuel Lozano, asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército.

    Entre las principales modificaciones del proyecto de ley del Ejecutivo se destacan la eliminación del fuero castrense para el juzgamiento de delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la extensión al ámbito castrense de las garantías de la Constitución nacional. Además propone la inserción en el Código Penal de los llamados delitos «esencialmente militares», eliminar la pena de muerte de su último reducto argentino y crear un nuevo régimen disciplinario.
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