En el Senado, Alak afirmó que nuevo código no busca "mano dura" y que "pretende acelerar plazos"

Julio Alak y Julián Álvarez en el plenario de comisiones.

El Senado inició en un plenario de comisiones el debate por el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, en una audiencia de la que participaron el ministro de Justicia, Julio Alak; y su segundo, el secretario de Justicia, Julián Alvarez.

Alak descartó "establecer un sistema de mano dura simbólico o un sistema punitivo demagógico", sino que "pretende acelerar plazos, sumando oralidad al proceso y garantizando que quien cometa un crimen sea penado, garantizando que la víctima pueda participar del proceso sin tener que pedir permiso".

"Queremos dotar al Poder Judicial y al Ministerio Público de un sistema eficiente en la lucha contra delitos complejos. Este proyecto persigue como objetivo final un grado de mayor satisfacción de la sociedad", agregó el funcinoario.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Alvarez, dijo que el nuevo Código Procesal Penal propone un sistema de justicia "ágil y sencillo" que termina con "las chicanas judiciales".

"Se trata de un procedimiento ágil y sencillo, que termina con el ritualismo y con las chicanas judiciales", destacó.

El nuevo Código propone cambiar el actual sistema "inquisitorio" por uno "acusatorio", en el que los fiscales serán quienes decidan avanzar en la investigación de los delitos.

Además, se busca acortar los plazos de desarrollo de los procesos. No obstante la intervención de los funcionarios, la discusión en el seno del plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda giró en torno del artículo que menciona la posibilidad de expulsar a los extranjeros que fueran encontrados delinquiendo in fraganti.

Aunque el nuevo Código sólo prevé esa pena para los extranjeros que supuestamente hayan cometido un delito con una pena mínima menor a los tres años y que no tengan familiares radicados en el país, la cuestión se convirtió en un tema de fuerte discusión entre legisladores de la oposición y del oficialismo.

El jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria, Miguel Angel Pichetto, sostuvo que "habría que discutir la posibilidad de expulsar a los extranjeros que cometan delitos graves, luego de purgar la pena de prisión en el país".

"El 21,7 por ciento de los presos en las cárceles federales argentinas son extranjeros. De esos, casi el 80 por ciento están allí acusados de narcotráfico", explicó.

Pichetto remarcó que "en los países importantes, una de las opciones es el cumplimiento de la pena cuando son delitos graves, especialmente los transnacionales, y luego la expulsión".

En ese sentido, precisó que en el nuevo Código Procesal Penal debería tenerse en cuenta la comisión de "delitos transnacionales que agobian al país", y denunció que "Santa Fe es la nueva Medellín" y que los grandes carteles del narcotráfico "están entre nosotros".

Si bien luego retiró lo dicho sobre la provincia gobernada por el socialismo, Pichetto destacó que la no expulsión de extranjeros acusados de delitos graves "va a contramano del pensamiento social".

En cambio, el radical jujeño Gerardo Morales dijo que, si bien su bloque acompañaba en general el nuevo Código, se manifestó en contra de la expulsión de extranjeros.

"La expulsión va en contra de la Constitución y de la garantía de defensa en juicio ya que niega la igualdad ante la ley", explicó.

Morales argumentó que "el problema es que no se cumple con la Ley de Migraciones y la frontera es un colador".

"Los vamos a echar y van a volver porque no hay ningún control migratorio", relató, para luego precisar que "si Santa Fe es Medellín, Argentina es Colombia".

En cambio, el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena, dijo que "no se altera la Constitución" ya que ante la flagrancia de un delito por parte de un extranjero "se suspende el juicio, se toma la decisión en una audiencia y no debe haber oposición del fiscal".

"La regla de conducta que se establece, en este caso, es la expulsión del territorio", aclaró.