Corría el año 1995 cuando Néstor Kirchner por una ley provincial modificó por completo la estructura del Poder Judicial y dejó cesante al entonces procurador general, Eduardo Emilio Sosa.
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El cesado funcionario acudió a todas las instancias judiciales posibles para recuperar su cargo. El tema llegó a la Corte Suprema de Justicia, que en 1998 reconoció la inconstitucionalidad de la medida dispuesta por Kirchner. Sin embargo, el ahora ex funcionario judicial no fue restituido en su puesto. Desde el gobierno santacruceño, se alude que no existe presupuesto para ese cargo.
Los abogados del ex procurador Sosa -conducidos por el constitucionalista Daniel Sabsay- consideran que se trata de una clara violación de la constitución de Santa Cruz, además de una definitiva injerencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Sostienen además que la avanzada del poder político demuestra su intención de impedir que la Justicia cuente con jueces neutrales y objetivos para dictar sentencia. Sosa asumió como procurador general ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en 1990. Según lo establece la Constitución de esa provincia, esa función tiene como garantía la inamovilidad del cargo.
Pese a ello, en setiembre de 1995 Kirchner emitió la ley 2.404 que desdobló el cargo de procurador: un agente fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia provincial y un defensor de pobres, ausentes e incapaces. Además, por el artículo 9°, dispuso dejar cesante a Sosa. Se asegura que durante toda su carrera, el ex procurador estuvo atado a sus principios de independencia entre lo político y lo judicial y que por eso pagó el costo político.
Siete años después de la arbitraria medida y de recorrer los pasillos de los Tribunales, Sosa sigue sin poder recuperar el puesto que le sacó Kirchner.
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