Entró en vigencia la cláusula democrática para países de Unasur
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Presidentes de la UNASUR durante uno de sus encuentros.
Patiño resaltó que el documento "fue discutido, redactado y aprobado por nuestros jefes de Estado en un momento de enorme importancia para América Latina y Ecuador, luego del 30 de septiembre del 2010, cuando se reunieron para evidenciar su respeto a la democracia y su rechazo a las intentonas golpistas".
El 1 de octubre de 2010, los mandatarios de Unasur firmaron la Declaración de Buenos Aires, condenaron el intento de golpe de Estado en Ecuador y el secuestro del presidente Rafael Correa, y se comprometieron a incluir dentro del marco jurídico del órgano, el Protocolo al Tratado Constitutivo que establezca la Cláusula Democrática.
"Cuán oportuna es la entrega de este documento por parte de Uruguay, en momentos donde en Venezuela, un país hermano, sectores de la oposición creen que el camino para disputar el poder político es el uso de la fuerza y de la violencia", indicó Patiño.
Sobre ello, dijo que "el camino es la democracia y la disputa electoral con propuestas, planteamientos, y planes de gobierno" y que no se pueden "aceptar los intentos antidemocráticos".
"La comunidad internacional debe rechazar esto. En nombre del Ecuador decimos que no podemos tolerar que grupos políticos intenten por vías violentas tomar el poder", agregó.
Patiño afirmó que "antes de que termine marzo" los enviados de Unasur estarán en Venezuela para acompañar en la búsqueda de "soluciones dialogadas al conflicto que están viviendo en este momento" los venezolanos por las protestas antigubernamentales.
Recordó que la Unasur decidió establecer una comisión especial para "acompañar al gobierno de Venezuela en el diálogo que está impulsando para que las diferencias sean tratadas como debe ser: democráticamente a través de soluciones pacificas y no violentas".
El Protocolo se aplicará en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos.



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