Envía Nación a gendarmes para custodiar las urnas

Funcionarios de la Justicia electoral cordobesa reanudaron ayer el escrutinio que había sido suspendido el miércoles.

Córdoba (especial) - En el marco de una nueva jornada de fuerte tensión, arrancó ayer a las 14 el esperado escrutinio definitivo de los comicios del pasado domingo, que deberá ratificar si el oficialista Juan Schiaretti se impuso por un agónico 1,1% (17 mil votos) -como lo cantó el recuento provisorio- o si algo de razón tiene el despechado opositor Luis Juez, al denunciar que le «birlaron» el triunfo mediante un presunto fraude.

Anoche, el Ministerio del Interior accedió a un pedido del juecismo para que la Gendarmería custodie las urnas comiciales, desplazando de ese rol a la policía provincial. Para ello, el titular de la cartera, Aníbal Fernández, dispuso el envío de los efectivos del Batallón Jesús María, que esta misma madrugada se instalaban en la sede del Correo Argentino cordobés.

Se trata, en rigor, de la primera intervención federal en el conflicto por la elección provincial. «El juecismo reclamaba transparencia y algo de control independiente sobre el recuento definitivo. Por eso se accedió al pedido», justificó un hombre cercano a Fernández.

Al cierre de esta edición habían sido escrutadas 196 actas, donde se registraron observaciones, pero no impugnaciones. Y en esa instancia, se aportaba anoche un dato: el oficialismo registraba una ventaja de dos votos.

Fuentes judiciales consideraron que el procesopodría extenderse por cerca de tres semanas. Frente a ello, ayer apoderados de los partidos pidieron una ampliación en el horario de las tareas (incluso, trabajar sábados y domingos) y mayor personal para acelerar los tiempos (se habló de intentar bajar el plazo a una semana), dada la gravedad de la crisis provincial. Parte del planteo fue concedido.

Precisamente, tal como lo adelantó ayer este diario, el recuento -que se realizó ayer en un tribunal fuertemente custodiado por la Policía- avanzó a la manera tradicional: acta por acta de cada mesa electoral, salvo que alguna discrepancia entre los fiscales partidarios derive en la apertura de la urna en cuestión. Este escenario responde a que la cuestionada jueza electoral de Córdoba, Marta Vidal, rechazó el miércoles la pretensión juecista de abrir la totalidad de las urnas para contar «voto a voto, a mano». Esa aspiración de Juez -sobre la base de sus sospechas sobre el escrutinio provisorio, que insólitamente se extendió por más de 16 horas- se encuentra ya a consideración del Superior Tribunal de Justicia, que para tomar la decisión -que podría conocerse hoy- abrió ayer una ronda de consulta con el resto de los partidos políticos.

Ayer Schiaretti celebró el inicio del recuento. «Estoy tranquilo y satisfecho de que haya actuado la ley, porque está por encima de todos los dirigentes políticos y todas las pasiones», dijo. En la otra vereda, por la mañana, desde Buenos Aires se vio, en cambio, a un Juez mucho más escéptico. Resignado, aseguró que «nada va a cambiar» y que si bien seguirá accionando en la Justicia hasta «las últimas instancias», el 10 de diciembre «asumirá Schiaretti con seguridad, a pesar de este robo».

Según Juez, su fuerza podrá «ir a un tribunal internacional o quizás a la Corte Suprema nacional», pero un potencial fallo a su favor se conocería -dijo- «recién dentro de diez años».

En esa línea, consideró, además, que la crisis que envuelve a la provincia desde el domingo pasado terminará «quizás en dos meses, cuando la gente se olvide», aunque advirtió que si el resultado se da vuelta y es consagrado gobernador -una posibilidad más que remota-, impulsará un nuevo llamado a elecciones.

En paralelo, Juez no abandonó su virulencia, al volver a cuestionar al Poder Judicial , al que tildó de «dependiente del poder político». En este marco, en un intento de bajar decibeles a la expectativa pública, ayer el secretario electoral José María Pérez Corti aclaró que el escrutinio demorará «al menos tres semanas». Ese fue el plazo que le llevó a la Justicia Electoral ratificar en 2003 la reelección -no teñida de sospechas- de José Manuel de la Sota.

Por esas horas Fernández, hacía gala de su desconocimiento sobre el terreno cordobés, al considerar que el escrutinio definitivo «en dos días tiene que estar terminado» (quizá tomando muy a pecho el dictamen del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien también ayer sentenció que «el gobierno nacional no conoce en detalle lo que ha pasado» en Córdoba, «ni cuáles son los puntos de impugnación»).

Los hombres de Juez también intentaron apartar del escenario a Vidal, pero la presentación concretada el miércoles (que mantuvo suspendido ayer el inicio del escrutinio definitivo), fue rechazada en la noche de ese mismo día por el Superior Tribunal de Justicia cordobés.

Con lupa

El escrutinio definitivo iniciado ayer contó con la presencia de los apoderados y de fiscales de todos los partidos -los más exigentes fueron, previsiblemente, los juecistas-, mientras que no pudieron ingresar los periodistas, pese al pedido en ese sentido concretado por cadena provicial por el gobernador José Manuel de la Sota.

El procedimiento, que se lleva adelante en los Tribunales cordobeses, fue seguido ayer por decenas de personas que se apostaron en las inmediaciones del edificio. El trabajo de recuento se inició con 12 mesas -6 de la capital provincial y 6 del interior-, mientras se asignaron dos empleados de la Justicia Electoral por cada mesa para efectuar el control. En total, al operativo fueron afectadas 45 personas, en tanto que Vidal sigue los detalles del escrutinio desde una oficina contigua a la sala donde están las urnas.

El recuento comprende el análisis de las actas con cada uno de los telegramas enviados oportunamente por el Correo. Sólo si algún fiscal considera que existen irregularidades puede solicitar la apertura de la urna para el conteo voto por voto. El apoderado de la UCR, Alberto Zapiola, le solicitó a Vidal elevar a 30 la cantidad de mesas escrutadoras, petición que fue concedida, pero que no fue compartida por su colega del FCS, Miguel Ortiz Pellegrini, para evitar «mayor confusión».