Estalla guerra de ministros por reparto de fondos 2003

Eduardo Duhalde convocó a una reunión de gabinete sorpresa que justificó en la necesidad de dar impulso al trabajo de su gente en el nuevo año. La citó sin embargo a las 11 de la mañana porque esta tarde quiere instalarse ya en Chapadmalal para iniciar la modalidad de descansar allí todos los fines de semana de enero.

La reunión que Alfredo Atanasof convocó ayer inquietó a algunos ministros. Juan José Alvarez, por ejemplo, tiene listo su alojamiento en Bariloche desde ayer y deberá acomodar horarios o suspender su estadía en el Sur. Ginés González García fue en realidad el inspirador de este gabinete que se citó sin el temario (como suele hacerse siempre desde la Jefatura de Gabinete) pero para reunir a unos pocos funcionarios del área social con Chiche González y relanzar programas sociales en zonas deprimidas por la crisis.

La oportunidad de esta reunión sorpresiva de los ministros tiene un propósito que no podía adelantar en un temario explícito: el jefe de Gabinete y su amanuense en temas financieros, Daniel Pérez, tiene que preparar dos piezas clave de la administración en las próximas horas.

Una es el decreto de promulgación del nuevo presupuesto de gastos para 2003.
Esa ley se sancionó en la última sesión del Senado y se comunicó al Poder Ejecutivo formal-mente el viernes 27 de diciembre. Eso indica que los diez días hábiles para promulgarlo vencen el 10 de enero próximo. No interesa tanto esa formalidad, que se verifica de hecho cumplido ese lapso, sino los vetos que hará el gobierno a artículos que cree inconvenientes en el nuevo presupuesto.

Se presume hasta ahora que Roberto Lavagna --protagonista central del gabinete de hoy indicará el rechazo de por lo menos dos artículos del nuevo presupuesto.

Uno es el que establece una suerte de régimen nacional de promoción industrial que va más allá del que ha regido y rige aún en algunas provincias. Lavagna criticó en el momento de la sanción de la ley en diputados que ese programa era incumplible en un país que avanza en la eliminación de esos regímenes que subsisten en algunas provincias. Lo dejó pasar en la Cámara baja y también en el Senado para que la sanción del presupuesto fuera lo más rápido posible pero anunció que habrá veto.

Los legisladores no insistirán con esa norma -requiere 2/3 de los votos de cada cámara-; la incluyeron como una manera de cumplir a la letra con lo que creen quieren sus votantes en las provincias y con ese gesto esperan haber cumplido.

• Salto Grande

Un segundo veto que parece asegurado es al artículo que deriva la totalidad de las regalías que cobra Nación por la venta de energía de la presa de Salto Grande a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este viejo reclamo de las dirigencias de esas provincias ha sido ya antes objeto de leyes y de respectivos vetos. Lavagna ha convencido a Duhalde de que es inviable en este momento que la Tesorería resigne los recursos que vienen Salto Grande. Habrá quejas enfáticas de las tres provincias, pero no 2/3 de los votos para imponer ese mecanismo.

Anoche Atanasof aclaraba que el tema presupuesto sería tratado hoy sólo en caso de que algún ministro o secretario lo plantee. Es seguro que varios lo harán. Todos los funcionarios saben que el Presidente tiene que firmar en la próxima semana el llamado « decreto distribuidor», una norma clave que describe el destino real y efectivo de cada peso que gasta el Estado.

Esa reglamentación del presupuesto es casi un secreto de Estado al que acceden muy pocos porque narra quién se lleva cada partida y es el resultado de una tarea que es responsabilidad del jefe de Gabinete: distribuir y redistribuir partidas en detalle a cada repartición del Estado que en la sanción del Congreso tiene un destino distinto o que está descrito de manera genérica.

Todos los años este reparto del presupuesto es motivo de largas y agrias discusiones dentro del gobierno. Algo que este año se multiplicará hasta ocupar el centro del debate político: los ministerios hicieron el cálculo de sus gastos en el proyecto original con la idea de que se votaría una partida de $ 3.500 millones sin destino y guardada para el nuevo gobierno. Nadie creyó esto último y todos esperaban avalanzarse sobre ese tesoro para aumentar su gasto.