Estudian una reforma penal en la provincia de Buenos Aires

El ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció que se está estudiando una reforma penal, por la cual el Tribunal de Casación pasaría a atender exclusivamente apelaciones de sentencias dictadas en juicios orales, y dejará de intervenir en otras incidencias del proceso penal como pedidos de excarcelaciones, eximición de prisión y hábeas corpus.

Esa modificación de competencias de este organismo es uno de los aspectos principales de la reforma al Código de Procedimiento Penal que pretende poner en práctica el gobierno de Daniel Scioli.

Así lo anticipó el ministro de Justicia en declaraciones, en las que adelantó además que se buscará limitar, "sin afectar las garantías de defensa en juicio y la doble instancia", los recursos de apelación que provocan lentitud en los procesos judiciales.

"Casación está en el ojo de la tormenta", admitió Casal, quien realizó por otra parte un descarnado diagnóstico de la situación edilicia del Poder Judicial e indicó que el 20 por ciento de los órganos judiciales hoy no están funcionando por esa circunstancia.

El funcionario señaló que la reforma procesal penal busca "que el servicio de justicia tenga mayor eficiencia y más celeridad".

Indicó que "se tomó la estructura del proyecto de ley presentado por Felipe Solá, con las observaciones de la comisión que convocara la ex vicegobernadora Giannettasio y con incorporaciones que hizo el equipo de trabajo del Gobernador, pero a ese proyecto le hemos desbrozado lo que es el Tribunal de Casación".

"Los cambios en el Código Procesal Penal requieren un consenso absoluto en todos los actores de la Justicia, y la Casación requiere una inmediata intervención. Por lo tanto vamos a trabajar en la primera semana de enero en busca del consenso para la reforma de la Casación", puntualizó Casal.

Dijo que se desechó la idea de eliminar el Tribunal de Casación, pero que se reformularán sus competencias.

"Aspiramos a que la Casación -en caso de que haya consenso, porque tampoco lo vamos a presentar si no lo hay con la Suprema Corte y los colegios de Abogados y Magistrados-, atienda exclusivamente sentencias criminales de tribunales orales", indicó.

Señaló que ese cuerpo funciona actualmente "en todas las incidencias del proceso penal, por ejemplo, excarcelaciones, eximiciones, hábeas curpus, delitos correccionales, apela multas contravencionales y todo lo que es correccional", cuando "inicialmente se abocaba exclusivamente a las cuestiones de derecho y actuaba como una Corte como pasa en el resto del mundo.

Dijo que "a partir de un fallo judicial entró a tratar las cuestiones de hecho y de derecho, y esto generó que hoy tenga 7.000 causas".

"Concretamente, actuará solamente en la revisión de las sentencias de juicios criminales, de juicios orales. El resto, todo lo correccional y contravencional, van a atenderlo las Cámara de Garantías departamentales. Esta es la reforma más importante que vamos a proponer para la Casación", agregó Casal.

Sobre las 7.000 causas que esperan tratamiento en la Casación, señaló que "se van a generar salas ad hoc en por lo menos seis de las cámaras de Garantías, que tendrán 360 días para terminar el trabajo. Esto va a permitir que intervengan en por lo menos el 50% de esas causas. La primera semana de enero vamos a hacer una reunión con todos los actores de la Justicia y si hay consenso, vamos a enviar un proyecto de ley".

Por otra parte, afirmó que "dentro de las garantías de la defensa en juicio, de la doble instancia y de la vía de revisión, vamos a clarificar y restringir las vías recursivas, para que no resulten una dilación innecesaria del proceso, un dispendio de actividad y para terminar con la incertidumbre del imputado o el condenado por un tribunal oral o correccional, que queda con una sentencia no firme".

"Respetando todas las garantías constitucionales, los recursos van a estar expresamente definidos. En este aspecto, va a haber cambios", remarcó.