El proyecto de ley presentado por Luis D'Elía y diputados kirchneristas para expropiar 240 mil hectáreas del empresario estadounidense Douglas Tompkins en Corrientes es inconstitucional y atenta contra el federalismo. Así lo informaron los asesores del magnate conservacionista, luego de reunirse el fin de semana con sus abogados.
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La embajada estadounidense, además, sigue de cerca la evolución de este conflicto. Según los allegados a Tompkins las autoridades diplomáticas de EE.UU. en el país ya se comunicaron con el empresario para brindarle su respaldo pero están evitando intervenir hasta tanto el gobierno nacional no se pronuncie o el proyecto avance en la Cámara de Diputados. «No quieren que este incidente, que por ahora es un exabrupto aislado de D'Elía derive en un conflicto diplomático», repiten en el entorno del magnate ecologista.
Sin embargo, la aparente inviabilidad de la iniciativa legislativa no tranquiliza a Tompkins y a su entorno. Se quejan de la falta de estado de derecho y de respeto a las instituciones, y a modo de ejemplo recuerdan la polémica reforma del Consejo de la Magistratura y los superpoderes presupuestarios para Alberto Fernández. Por eso están gestionando una reunión con el gobernador correntino Arturo Colombi, cercano a la Casa Rosada.
Andrés Nápoli es el abogado de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales que asesora a Tompkins y a su esposa Kristine Mc Divitt. Trabaja en el equipo jurídico del constitucionalista Daniel Sabsay y es experto en temas de medio ambiente. El letrado descubrió que el proyecto presentado el jueves pasado en la Cámara de Diputados por D'Elía y la diputada ultrakirchnerista Araceli Méndez de Ferreyra -con la firma de más de 40 legisladores, entre ellos Alberto Balestrini- «implica un claro avasallamiento a la provincia de Corrientes, en especial la autonomía provincial en materia de recursos naturales». Y para respaldar esta afirmación cita al artículo 124 de la Constitución nacional donde se establece que «corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio».
La Constitución
El artículo 17 de la Constitución establece: «La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada». Pero según los abogados del empresario la conformación de un parque nacional -como figura en el proyecto de D'Elía- no justifica la expropiación. Tompkins está de viaje por Rumania, pero su esposa Kristine estuvo el fin de semana en alojada en el Petit Hotel de la calle Costa Rica y Oro, en el riñón de Palermo Hollywood. La mujer, que fundó junto con su esposo un imperio textil a partir de las marcas North Face y Spirit, está alarmada y desconcertada por la falta de seguridad jurídica y por el silencio oficial. «Freaking out» -algo así como «perplejos» en su traducción al español-, fue la expresión que utilizó en su lengua natal para describir el ánimo de los inversores extranjeros luego de la irrupción de D'Elía -subsecretario de Tierras para el Hábitat Social- para cortar las cadenas de sus campos. Kristine cree que se trata de un caso de xenofobia y «antiamericanismo» sin fundamentos legales. Y por eso, hasta ahora, no lo denunciaron en la Justicia -aunque en Corrientes el fiscal de instrucción, Gustavo Robineau, ya investiga el caso-.
«No es un caso delictivo común, se trata de un subsecretario de Estado con conexiones políticas y sentimos que no hay estado de derecho», se quejó ante este diario Sofía Heinonen, la bióloga que aconseja a los Tompkins.
El proyecto de los legisladores kirchneristas -que recibió el aval del ARI, el Peronismo Federal y hasta el Partido Socialista- promueve la declaración de utilidad pública y la expropiación de tierras de Tompkins ubicadas en los Esteros del Iberá con el objetivo de llevar a cabo la creación de un Parque Nacional y la Reserva Nacional Esteros del Iberá.
Pero gran parte de estos territorios están sujetos a la jurisdicción de la provincia de Corrientes, a quien hasta ahora no sólo no se consultó sino que no ha efectuado la cesión de dicho territorio.
«Creemos que este proyecto de ley impulsado por la diputada Ferreyra y por el funcionario D'Elía atenta contra las bases mismas del federalismo», aseguraron los asesores de Tompkins en un comunicado. Incluso se deja en evidencia que los mismos estudios de factibilidad técnica que la Argentina le reclama a Uruguay por el conflicto de las papeleras, en este caso ni siquiera son tenidos en cuenta: «Asimismo, se han ignorado plenamente las disposiciones establecidas por la Administración de Parques Nacionales para la creación de nuevas áreas protegidas, entre las que se destacan la necesidad de contar con estudios previos de viabilidad y factibilidad y la necesidad de elaborar Planes de Manejo y de Gestión de las Areas Naturales a crearse y contar con los dictámenes técnicos de la administración de Parques Nacionales, aspectos que no se condicen con la unilateralidad que alienta el proyecto».
Otra de las falencias del proyecto de ley, afirman en el entorno de Tompkins, es que gran parte del área que se proyecta convertir en Parque Nacional y Reserva Nacional comprende precisamente la actual Reserva Provincial del Iberá, declarada en el año 1983 por los correntinos área protegida por lo cual la propuesta de D'Elía es totalmente redundante. Otro aspecto de la inconstitucionalidad de la iniciativa radicaría en que utiliza, según los abogados de Tompkins, la figura de la expropiación de manera exorbitante, «sin contemplar que el ejercicio de esta facultad no es ilimitada, y sólo puede ejercerse como recurso supremo cuando la obra de utilidad pública no pueda ser ejecutada de otro modo, verificando previamente el cumplimiento de tal extremo, cuestión que no se encuentra fundamentada en el proyecto».
Y para concluir, el equipo que trabaja junto al empresario estadounidense -que vive seis meses en la Argentina y seis en Chile- aspira a la racionalidad de Néstor Kirchner: «Confiamos en nuestro Presidente porque conoce muy bien nuestro ideario y accionar conservacionista.
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