La Cámara Federal de Casación Penal revisará las penas y condenas por las muertes de 2001

Política

En las audiencias, el Tribunal analizará las condenas a funcionarios y policías juzgados en 2016, por las muertes ocasionadas durante la represión en la ciudad de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Casación Penal iniciará hoy las audiencias de revisión de condenas a funcionarios y policías, juzgados en 2016, por las muertes ocasionadas durante la represión del 20 de diciembre de 2001 en la ciudad de Buenos Aires, durante los hechos que marcaron la salida de Fernando de la Rúa del gobierno.

En junio de 2020, la Sala I de la Cámara confirmó las penas pero ordenó revisar el monto de las condenas impuestos a los funcionarios políticos y policiales imputados. En principio, la audiencia estaba programada para el 14 de octubre pasado, pero el día antes la Cámara decidió posponerla y reprogramarla para el día de hoy.

En el juicio oral que terminó en mayo de 2016, el Tribunal impuso una pena de 4 años y 3 meses de prisión para el entonces secretario de seguridad Enrique Mathov, funcionario político a cargo de las fuerzas de seguridad federales; 3 años y 6 meses de prisión para Rubén Santos, quien era el comisario a cargo de la Policía Federal; y 3 años de prisión en suspenso para Norberto Gaudiero, comisario a cargo de las operaciones de la PFA. La imputación es por homicidio y lesiones culposas ocasionadas a Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna.

El reclamo de la querella se da a pocas semanas de cumplirse un nuevo aniversario de la represión ocasionada en Plaza de Mayo. A 20 años del hecho, los familiares de las víctimas siguen reclamando una respuesta judicial plena. Toda la investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos.

De esta manera, no pudo dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis. La falta de investigación judicial de la gran cantidad de detenciones ilegales que se sucedieron durante esas jornadas también impidió la determinación de responsabilidades penales por esos hechos.

La justicia debe expedirse con rapidez sobre las condenas y tiene que avanzar en la identificación e investigación de quienes dispararon con armas de fuego directamente contra les manifestantes. La baja calidad de la instrucción fue mencionada por el fallo de primera instancia y numerosos organismos civiles y de derechos humanos recalcaron la "lentitud" de la instrucción en la investigación.

Uno de estos organismos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) incluso acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recurrir el sobreseimiento, en 2014, del expresidente ya fallecido, Fernando de la Rúa por estos episodios.

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