Fiscal pide pesquisa de fondos de campaña

Graciela Ocaña

El Ministerio Público solicitó la investigación de los orígenes de los fondos de campaña del kirchnerismo, tras la denuncia que formuló la Coalición Cívica de Elisa Carrió, quien acusó al gobierno de recibir dinero presuntamente de una red de droguerías dedicadas al tráfico ilegal de medicamentos para la propaganda de la fórmula Cristina-Cobos.

El fiscal Luis Comparatore formuló el requerimiento de la instrucción y que se impulse la acción penal en la causa 11912 que está radicada en el juzgado de Ariel Lijo.

El fiscal se basa sobre que hay «varios elementos» para la investigación sobre «particularidades» en los aportes de la campaña del Frente para la Victoria, donde «una porción importante» de donantes pertenece al sector salud y detalla que además de empresas hay privados que a su vez integran los directorios de las mismas y pide se indague sobre la posibilidad del otorgamiento de «algún tipo de prebendas». Además agrega que la empresa Seacamp, del asesinado Sebastián Forza, «había sido vinculada a actividades con el narcotráfico», según la denuncia de la Coalición Cívica que hicieron los legisladores Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui.

Además, Comparatore pidió que la Justicia Electoral remita el informe de los aportes de campaña y que la Inspección General de Justicia dé cuenta de la conformación de los directorios de las droguerías y empresas relacionadas con la salud, que hicieron donaciones al oficialismo.

La denuncia surgió cuando, tras el triple crimen de General Rodríguez y el suicidio de un empresario, se reveló la existencia de numerosas causas judicialescontra droguerías por la supuesta comercialización de remedios robados o adulterados.

Los diputados de la Coalición Cívica apuntan en la denuncia al kirchnerista Héctor Capaccioli, titular de la Superintendencia de Salud.

Contribuyentes

Tras los asesinatos y el suicidio de Ariel Vilán, se comprobó que la droguería de Sebastián Forza -la víctima con la que parecen haberse ensañado más los sicarios- Seacamp y Droguería Unifarma (Vilán) están entre los principales aportantes de la campaña presidencial. Las dos empresas se encontraban en los informes económicos con serios problemas financieros y habían emitido cientos de cheques sin fondos, pero estuvieron cubiertos los que dio Forza -cuatro por $ 50 mil cada uno- y los que dio Vilán -uno de $ 100 mil y otro de $ 60 mil-. Además, otra droguería aparece codemandada con la firma que viene denunciando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, quien ya rechazó pagos millonarios por reintegros de medicamentos.

Capaccioli había presentado su renuncia al cargo ante el jefe de Gabinete, Sergio Massa, tras las denuncias de Carrió, pero no le fue admitida. El funcionariollegó al gobierno de la mano de Alberto Fernández, con quien compartió las aulas escolares en la secundaria. Ocaña, también en su momento fue bendecida por el ex jefe de Gabinete, pero, Cristina de Kirchner la ascendió de la intervención del PAMI -donde comenzó las denuncias contra droguerías- a la cartera de Salud.

La Presidente ya le ha dicho que «siga adelante» con la pesquisa, que por cierto conforman más de cien causas judiciales hasta ahora aisladas, que se labraron al detectarse medicamentos robados al Plan Nacional de Sida que habría comercializado, entre otras, las droguerías de Vilán y Forza. Pero el ministerio podría formular una denuncia que englobe al resto si finalmente sostiene la sospecha de la existencia de una red de droguerías que estarían vinculadas a unos pocos empresarios, que se dedicaría a ilícitos con los medicamentos, inclusive a la venta de oncológicos que cuestan $ 2.500, adulterados y que supuestamente estaban destinados a las farmacias hospitalarias para darlos gratuitamente a los pacientes.

La presunta red de droguerías, según las investigaciones de la ANMAT, además proveía a varias obras sociales sindicales, entre ellas la Bancaria.

Ocaña por estas horas es criticada por parte del gobierno que considera que sus declaraciones contra las droguerías comprometerían al superintendente de Salud, quien si bien no es formalmente el responsable de la recolección de fondos de la campaña oficialista del año pasado, aparece vinculado a esa actividad. La ministra, por otra parte, tiene pendiente el desembarco de tres personas propias en el área de Capaccioli, trámite que quedó pendiente cuando se retiró del gobierno Alberto Fernández.