Fiscales: Ibarra busca dilatar juicio

Los fiscales de la Sala Acusadora advirtieron ayer que las denuncias de Aníbal Ibarra sobre irregularidades en el juicio político son una maniobra para dilatar el proceso. Creen que la intención del suspendido jefe de Gobierno porteño es estirar el tiempo para que se cumpla el plazo fatal del 14 de marzo. Si no hay sentencia en esa fecha, entonces el alcalde podrá volver a su sillón.

En medio de esta puja entre defensores y acusadores, ayer un grupo de familiares de víctimas de Cromañón realizó un escrache frente a la casa de Ibarra, en un hecho que motivó la reacción de los dirigentes cercanos al suspendido jefe de Gobierno, quienes pidieron defender «la institucionalidad» en la Ciudad.

Todo el juicio a Ibarra está tomando un tinte de tensión y ya se asegura que ese clima tocará su nivel más alto cuando el martes 17 Ibarra se presente ante la Sala Acusadora y pida la nulidad del proceso porque las acusaciones que se le formularon no reunieron los 30 votos necesarios para promover su enjuiciamiento.

Desde el lado del alcalde están convencido de que los juzgadores aplicarán la «mayoría automática» y que no aceptarán la impugnación porque «se estaría dando lugar a la caída del juicio político».

Dos de los fiscales, Jorge Enrique y Jorge San Martino, coincidieron en calificar ayer las denuncias del suspendido jefe de Gobierno como una « maniobra dilatoria». Y defendieron el proceso puesto en marcha.

Ambos aseguraron que la imputación contra Ibarra fue por supuesto «mal desempeño», que englobó todos los cargos y que en esa votación se reunieron los 30 votos que se requerían.

«Este es un proceso esencialmente político, que no está sujeto al rigorismo formal como dispone el Código Penal», se defendió Enrique, a quien Ibarra ha acusado de haber participado del local de Cromañón hace varios años. Sería cuando Enrique era funcionario de la administración De la Rúa y el local se llamaba El Reventón. Enrique ha negado eso insistentemente.

Por su parte, San Martino le aconsejó a Ibarra «concentrarse en su defensa y no ejercer actitudes provocativas ante la sociedad, presentándose como víctima ante los medios».

El núcleo de la acusación contra el alcalde porteño estará centrado en: la ineficaz e ineficiente utilización de los recursos del Estado para ejercer el poder de Policía; la inoperancia frente a la emergencia y la inobservancia de las advertencias institucionales que se dieron antes de ocurrir la tragedia de Cromañón.

«Es cierto, Ibarra no podía estar en todo y todo el tiempo, pero tampoco podía dejar que todo falle todo el tiempo», sintetizó Enrique.

• Presentación

Los abogados de Ibarra, el ex fiscal Julio César Strassera y Julio Bologny, ya delinean cómo será la pelea que darán ante la Sala Juzgadora.

En este sentido, la defensa del suspendido jefe de Gobierno porteño estaría evaluando presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia por considerar que se vulneró la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio.

Ibarra no aceptaría la incorporación como prueba documental de las 17 mil fojas del informe de la comisiónde Cromañón que presidió la ex diputada macrista Fernanda Ferrero.

Toda esta situación ha generado un clima que se está tornando violento. Ayer desde temprano, una veintena de familiares se instaló frente al domicilio de Ibarra, en el barrio de Villa Ortúzar, y allí dejaron escritas leyendas en recuerdo de los «chicos de Cromañón» y en contra del suspendido jefe de Gobierno.

Los familiares golpearon las puertas de la casa de Ibarra y aporrearon el timbre sin obtener respuesta, bajo un estricto control policial.

Durante el escrache, un grupo de vecinos de Ibarra salió en defensa del jefe comunal y mantuvo cruces verbales con los familiares hasta que efectivos policiales los separaron. Frente a esta forma de protesta, el secretario de Cultura porteño, Gustavo López, les reclamó a los dirigentes de la oposición que, más allá de su postura en el juicio político a Ibarra, «estén al lado de la defensa de las instituciones».

«La oposición puede buscar la destitución del jefe de Gobierno, pero no se puede sobrepasar el límite de lo institucional. No pueden avalar un sistema de venganza, y deben estar del lado de las instituciones», señaló López.

El funcionario porteño mencionó que los familiares que participaron en el escrache «le atribuyen la responsabilidad a Ibarra más allá de lo que dictaminó la Justicia, y terminan agrediendo al jefe de Gobierno electo por 50 por ciento de los votos».