Fracaso oficial en Diputados para tratado antiterrorista

Se complicó ayer el gobierno para conseguir en el Congreso la ratificación de los tratados internacionales contra el terrorismo que la Argentina suscribió, con los que se quiere recibir a Donald Rumsfeld en Buenos Aires el 22 de marzo. Pero el origen de esa traba está en el propio Ejecutivo: al negarse a permitir que ministros concurran para informar sobre el caso de contrabando de drogas en Southern Winds, la oposición restó quórum y al PJ en soledad no le alcanzó el número para sesionar ayer.

Radicales, aristas, izquierdistas y provinciales habían pedido una sesión especial al mediodía para debatir las decenas de pedidos de informe en interpelación a ministros y secretarios por el caso Southern Winds. El peronismo ya había anticipado que no daría quórum, por lo que esa sesión estaba desde hace días condenada al fracaso, tal como sucedió ayer.

Sólo 73 diputados se sentaron en sus bancas en ese momento. El radical Horacio Pernasetti, el único al que Eduardo Camaño le dio la palabra antes de levantar el intento de sesión, protestó: «Los éxitos del gobierno deben ser acompañados por mayor calidad institucional. Esto hace a las relaciones internacionales, a la cuestión exterior y a la seguridad».

Lo escuchaban radicales, aristas, socialistas, de partidos provinciales, de Izquierda Unida y de Autodeterminación y Libertad, pero no los menemistas Adrián Menem y Alejandra Oviedo, ni los seguidores de Adolfo Rodríguez Saá, que, en este caso, acataron estrictamente las órdenes de Kirchner desde la Casa Rosada. «Fracasó la sesión porque el PJ no quiere dar la cara por el caso SW. No quieren pagar el costo político de rechazar la interpelación del jefe de Gabinete o de un ministro», confirmó el santafesino Alberto Natale.

• Promesa

El PJ se niega a que algún funcionario concurra, aunque más no sea a alguna comisión para informar sobre los alcances de la investigación sobre contrabando de drogas, la posición que tomaron los funcionarios, la situación de seguridad del Aeropuerto de Ezeiza, la relación entre LAFSA y SW, en otros cientos de preguntas.

Se había prometido que José Pampuro -el más buscado en esta inquisición de los legisladores- y Alberto Fernández concurrirían a un plenario de comisiones, o incluso que el jefe de Gabinete daría una explicación en su informe mensual. Pero todo eso dio marcha atrás en el gobierno.

No se entiende que llegado a esta instancia el escándalo sobre las drogas, el gobierno se niegue a informar al Congreso siquiera sobre las razones por las que dio de baja a 13 brigadieres, junto con el jefe de la Fuerza Aérea, en qué forma estaban éstos implicados y, si no lo estaban, por qué se los separó de sus cargos. Los diputados y senadores de la oposición no aceptan que el gobierno calle el haberlos pasado a retiro sin explicación cuando hasta hace poco eran elogiados como la camada de las FA más condecorada por su heroísmo en la Guerra de Malvinas.

El golpe final llegó más tarde. En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria -para preparar la sesión ordinaria-, el radicalismo dejó claro que estaba dispuesto a votar los dos tratados contra el terrorismo y el financiamiento de actividades ilícitas, pero sólo daría quórum para la sesión si el PJ habilitaba tiempo para discutir las interpelaciones. No hubo acuerdo y, como el PJ no podía garantizar el número, la oposición se retiró.