Garré calificó su citación como "una nueva provocación" de Tiscornia

Nilda Garré.

La ministra de Defensa, Nilda Garré, dijo hoy que el juez Guillermo Tiscornia incurrió en "una nueva provocación, a las que ya nos tiene acostumbrados", al citarla a declarar por un presunto contrabando de piezas de fusil.

Tiscornia resolvió indagar a Garré ayer, dos días antes de que un plenario del Consejo de la Magistratura decida si le inicia al magistrado juicio político por un pedido de coima y lo suspende.

"Dicta una medida absolutamente improcedente, tanto por el fondo del tema como por su oportunidad", dijo Garré sobre el fallo de "este juez que nunca debió serlo" y que "avergüenza a los que creemos en la Justicia y el Derecho", según lo calificó.

La ministra afirmó que Tiscornia "fue juez porque el menemismo inicialmente así le pagó favores recibidos y se los siguió pagando cuando Menem indultó a su padre", otro magistrado destituido y condenado a prisión.

"También le pagó favores cuando lo hizo escapar de dos juicios políticos impulsados por amplios sectores políticos y de la Justicia por conductas gravísimas", recordó Garré.

Con respecto a la causa por contrabando y subfacturación de piezas de fusiles, señaló que la información recibida de Estados Unidos indica diferencias de precios entre lo admitido por el importador y lo declarado por el exportador.

Esa información y la denuncia de la Aduana argentina "es lo que debe profundizar el juez, si quiere investigar el incumplimiento de normas aduaneras", acotó.

"Pero prefiere, porque es más redituable en su doble objetivo de extorsionar y de victimizarse en las vísperas inminentes de su juicio político, tirar un manto de sospecha sobre una ministra de la Nación", sostuvo Garré.

La titular de la cartera de Defensa dijo que ella "cumplió correcta y responsablemente la acotada tarea que las normas vigentes le señalan en este caso, que es poner en forma de resolución la decisión de la Comisión Nacional de Control de Exportaciones Sensitivas y Material Bélico.

Integran esa Comisión un embajador y dos funcionarios del nivel de Director Nacional, junto a representantes de los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Defensa.

"Las funciones de esta Comisión sólo se limitan a aprobar si la solicitud de licencia previa de exportación que se le formula puede vulnerar compromisos internacionales asumidos por el país, al -eventualmente- encubrir sustancias, elementos, tecnologías o equipamientos para fabricar armas de destrucción masiva", explicó.

Garré subrayó que "sólo a esto se circunscribe la acción de la Comisión", mientras que "para el control de las normas aduaneras existe el organismo competente, que realizó adecuadamente su labor e impidió un perjuicio al Estado".

"Para colmo, el juez ignora que la dirección General de Fabricaciones Militares", responsable de la exportación investigada, "dejó de depender del Ministerio de Defensa desde el 29 de abril de 1996", puntualizó la ministra.

El destino de esa venta era en Estados Unidos la empresa JLD Enterprises Inc., propiedad del argentino José Luis Díaz, autorizada a operar con Fabricaciones Militares por la aludida Comisión que controla las exportaciones de material bélico.

Fabricaciones Militares dependió del Ministerio de Economía entre el 29 de abril de 1996 y el 17 de agosto de 2006, cuando pasó a la jurisdicción del Ministerio de Planificación Federal.