La ministra de Defensa, Nilda Garré, ordenó al jefe del Estado Mayor General de la Armada almirante Jorge Godoy, que separe de manera inmediata de esa fuerza al personal retirado que estuviere procesado por violaciones a los derechos humanos o vinculado a acciones reivindicatorias de la última dictadura y que cumplían diversas funciones en el arma.
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Garré le ordenó a Godoy la remisión en un plazo de 48 horas de «toda información obrante en el ámbito de la Fuerza a su cargo referida a los hechos indagados en el marco de la causa en la que se investiga la muerte del prefecto Héctor Febres», procesado por su participación en la represión ejercitada en la ESMA durante la última dictadura.
La ministra convocó ayer a Godoy a su despacho del edificio Libertador y, además de ordenarle verbalmente las citadas disposiciones, le entregó por escrito las comunicaciones respectivas de aquellas directivas, informó anoche el ministerio en un comunicado.
En ese marco, fue ordenada la separación del contralmirante (retirado) Roberto Pertussio, procesado penalmente por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad por la Justicia Federal de Mar del Plata, de la función que continuaba prestando en el Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.
Limitación
También se ordenó limitar las funciones del contralmirante (retirado) Miguel Troitiño «en razón de su adhesión y reivindicación de las acciones propias del terrorismo de Estado que, en su momento, ameritaron la imposición de sanciones» aplicadas por la propia jefatura de la Armada.
Por último, Garré ordenó a Godoy, el cese del capitán de navío (retirado) Hugo Santillán de funciones propias del ámbito educativo, al considerar los antecedentes del desempeño del oficial, que motivaron su relevo como director del Liceo Naval Almirante Brown, al producirse el reciente proceso de desalojo del predio de la ESMA.
Garré se presentará hoy en el Juzgado Federal Nº 2 de San Isidro, para solicitar acceso al expediente por el cual se dispuso el procesamiento de los imputados por la muerte de Febres, señala el comunicado.
El objetivo de la concurrencia de la ministra al tribunal es corroborar la información acerca de la presencia de Febres en el Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires, durante los años 2003, 2004 y 2005, según lo consignaron publicaciones periodísticas del pasado fin de semana.
De acuerdo con esas informaciones, entre los numerosos privilegios de los cuales gozaba Febres estando privado de su libertad, se encontraba el de «haber sido trasladado entre los meses de enero y febrero a fin de residir o vacacionar en dependencias del Arsenal Naval Azopardo», en Azul, en los años mencionados.
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