La ministra de Defensa, Nilda Garré, consiguió un viejo anhelo de los organismos de derechos humanos: el traslado de los uniformados presos en guarniciones a instalaciones con régimen carcelario estricto. La decisión se tomó antes de quedar abrumada por el pedido de declaración indagatoria por parte del juez Guillermo Tiscornia, que inmediatamente quedó también involucrado en un pedido de juicio político en la kirchnerista Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.
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La medida que consiguió Garré también provino de la Justicia. Surgió tras una resolución del juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la ESMA, e involucra a 18 marinos sujetos a prisión preventiva por esas investigaciones. El magistrado no encontró objeciones al envío de todos los navales bajo prisión preventiva en bases de la Armada a un presidio del Ejército ubicado en Campo de Mayo.
En un paso posterior serían encarcelados en una sección especial de la Unidad Penitenciaria Federal de Marcos Paz con capacidad para 152 internos.
Desde ayer, Roberto Bendini aloja entonces a los procesados de la Armada en esa cárcel de Campo de Mayo, que ordenó remodelar en 2005. Con mano de obra proporcionada por el Batallón de Ingenieros 601, unidad operativa de apoyo de combate, se amplió de 40 a 80 calabozos. Allí estuvieron, entre otros, el ex coronel Mohamed Seineldín por la revuelta carapintada y Martín Balza cuando se lo investigaba por la triangulación de armas a Ecuador y Croacia.
Notorios
Entre los trasladados más notorios están los de Alfredo Astiz, encarcelado en la base naval de Zárate; Jorge Acosta (el Tigre), preso en la base aeronaval de Ezeiza; el capitán de Fragata retirado Adolfo Donda, detenido en el Batallón de Seguridad del edificio Libertad, más una decena de marinos que estaban alojados en el ex Liceo Naval de Río Santiago. Ardieron los teléfonos del comando de la Armada; letrados y defendidos saturaron ayer las líneas de la Secretaría General Naval y del despacho privado del almirante Jorge Godoy en búsqueda de aclaraciones. Más de un preso naval tiene vínculos de promoción o amistad profesional con el titular de la Marina. El almirante Godoy no tuvo más hilo en el carretel político para dilatar la decisión; Garré y el gobierno están en campaña. Aunque estos gestos ampulosos que se toman en un tema trillado, los derechos humanos, rara vez motivan al electorado independiente.
El Presidente hizo público más de una vez su cuestionamiento a la Justicia para apurar los procesos a los militares y que se los encarcele en penales comunes. La ministra había girado una nota al magistrado Torres hace ya más de un mes pidiendo la reclusión de los marinos en Campo de Mayo. En esa búsqueda inmobiliaria de cárceles para los militares, Garré llegó a enfrentarse con el ministro de Justicia, Alberto Iribarne, a quien había solicitado personal penitenciario para la custodia de otro penal militar en Arana, provincia de Buenos Aires.
El juez federal Torres respondió por oficio, con esa ambigüedad que adquiere el léxico jurídico cuando se trata de satisfacer pedidos políticos: «No obran impedimentos para el traslado solicitado a donde el Ministerio lo considere conveniente».
Facultad
En rigor, la elección del lugar de detención bajo prisión preventiva es una facultad exclusiva del juez de la causa ya que la privación de la libertad durante el transcurso del proceso es una medida cautelar excepcional y no una sanción punitiva, lo que recién tiene lugar tras la sentencia condenatoria. Los impulsos de Garré para que los militares detenidos abandonen las dependencias castrenses llegaron al juzgado con anterioridad a través de la visita de Ileana Arduino, coordinadora de Derechos Humanos del Ministerio.
La funcionaria habría aguijoneado al tribunal como portavoz del propio presidente Néstor Kirchner. Una batería de argumentos, como que los regimientos no están hechos para lugares de detención o que la presencia de los encausados contradice el respeto por los derechos humanos y perjudica el proyecto de valores en las Fuerzas Armadas fueron parte del discurso de la interlocutora de Garré. Más que agradar a los sectores lobbystas de los derechos humanos, la ministra terminó de un plumazo con cierta paranoia acerca de la presunta participación de los uniformados detenidos en operaciones para amedrentar testigos de juicios por violación de derechos humanos.
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