Gobierno gasta a cuenta para reforzar campaña de Cristina

Hugo Moyano, en una de sus habituales incursiones en la Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Sin lugar en las listas para el 28 de octubre, el sindicalismo aspira a recibir aun más subsidios para respaldar a Cristina Fernández de Kirchner.

La «bondad» oficial con los gremios, que usufructuó Hugo Moyano -el más beneficiado del festival de subsidios de Kirchner- se refuerza en temporada electoral. A cambio de apoyo a los candidatos oficiales, el gobierno les susurra costosas promesas a los gremios.

No hay lugares para delegados sindicales en las listas ni fotos con los poco visibles jerarcas del «movimiento obrero», pero lejos de los flashes, de entrecasa, el gobierno despliega una estrategia de seducción y conquista que tiene, claro está, un costo fiscal.

Ninguna encuesta refleja, por ahora, la opción de un ballottage, pero el pánico del gobierno a un traspié en octubre incrementa el riesgo de que en 2008 se esfume el superávit.

Tribuneros, de entrecasa, los kirchneristas no ahorran compromisos para sumar apoyos.

Además de la reforma del mecanismo para el reparto de fondos de asistencia a las obras sociales que opera vía la APE, el gobierno -a través del albertista Héctor Capaccioli, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)- hizo llegar otras dos promesas a oídos sindicales:

Que el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias podría ser elevado a 6.000 pesos de los actuales 4.000 (para casados; para solteros es 3.400). Semanas atrás, el gobierno avanzó en esa dirección al levantar el piso. Pero el albertista generó euforia cuando habló de que se seguiría elevando aunque, en realidad, los sindicatos piden su total eliminación porque, dicen, es un « impuesto al trabajo».

Que las obras sociales sean exceptuadas del pago del impuesto al cheque. Se trata de un viejo reclamo de los gremios que plantean que con el aumento de los costos (sueldos e insumos) y el congelamiento de la cápita la supervivencia de las obras sociales es crítica y un paliativo sería, además de tratarse teóricamente de operaciones «sin fines de lucro», quitarles ese peso impositivo a los gremios.

Las dos «ideas» que deslizó Capaccioli -la tercera fue la vinculadaa la Administración de Programas Especiales (APE), que este diario detalló el viernes- llevaban adicionado un pedido expreso para que los gremios presentes, unos 60 convocados por Luis Barrionuevo, acompañen a los candidatos kirchneristas.

A Cristina de Kirchner, claro, pero también a los postulantes porteños del FpV donde juega su prestigio como jefe territorial Alberto Fernández y sólo una gran elección permitirá que sea electo diputado nacional Nicolás Trotta, que patrocinado por Capaccioli quedó en el cuarto lugar de la boleta oficial.

Costo fiscal

El costado brumoso de las dádivas del titular de la SSS es que ambas iniciativas suponen un costo fiscal. Así lo admitió el funcionario, que tras hacer una simulación de ese impacto, esta semana volverá a verse con los jefes sindicales que lo escucharon el miércoles en el sindicato del vidrio.

La cifra será más que un número frío: permitirá «medir» cuánto cuesta para los Kirchner el respaldo de los gremios barrionuevistas.

Algo más: algunos caciques abandonaron la reunión convencidos de que las dos medidas comenzarán a regir el año próximo, pero estarán contempladas en el proyecto de presupuesto que diseñan el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, Miguel Peirano, para el eventual primer año de la gestión cristinista.

Cuando se citen otra vez, los barrionuevistas -que, en paralelo, pergeñan una operación para tumbar a Moyano- le arrimarán a Capaccioli un pack de herramientas para colaborar con la campaña oficial y el control de la elección: logística y fiscales.

Hay un asunto subyacente: en Capital, hay dos boletas K. Una encabezada por Carlos Tomada y otra por Miguel Bonasso, ambas sumatorias de la senaduría para Daniel Filmus. Capaccioli tiene claros sus intereses: pidió expresamente que el apoyo sea a Tomada y Filmus.