22 de abril 2002 - 00:00

Gobierno interceptó plata de la ONU para militares

"No habrá plata del FMI para evitar una crisis política." Esta frase de Horst Köhler, pronunciada en la Asamblea de Primavera del Fondo, en Washington, más la negativa del Banco Mundial a desembolsar los 1.000 millones de préstamo para asistencia social, será el libreto que guiará la reunión del presidente Eduardo Duhalde con los cuatro jefes militares. Los habitantes del Edificio Libertador, sede del Ministerio de Defensa, esperan a Duhalde este miércoles con una agenda que se extenderá por tres horas a partir de las 10.

El viernes pasado, Horacio Jaunarena recibió una comunicación de la Casa Rosada anunciando la visita de Duhalde a los titulares de las fuerzas. El propósito oficial es conocer el grado de alistamiento y el estado de ánimo de los cuadros. Pero Duhalde desea tener de primera agua los resultados de varias reuniones de mandos militares en donde se evaluó la pronunciada crisis del país. La última tuvo lugar el jueves pasado en City Bell, asiento del Batallón de Comunicaciones 601 que congregó a Jaunarena junto al titular del Ejército, general Ricardo Brinzoni, y a todos los generales con comando de cuerpo.

El cuadro de situación esbozado por el propio Presidente en su programa de radio «Nacional» de «convulsiones sociales» y de «riesgo de explosión del sistema financiero» es mala noticia para la tranquilidad de los uniformados. Juan Carlos Mugnolo, jefe del Estado Mayor Conjunto, tiene planes de contingencia elaborados por sus colaboradores para situaciones de crisis pero se apega con rigurosidad de soldado a la ley de Defensa que inhibe la participación de las FF.AA. en desbordes sociales. Inclusive para la reunión con Duhalde desempolvará el documento que firmaron los cuatro jefes que establecía una serie de condiciones al gobierno antes de acudir al empleo del «instrumento militar» cuando los hechos violentos del 19 y 20 de diciembre de 2001 casi los involucraron en la represión de la Plaza de Mayo. Horacio Jaunarena, veterano en el negocio de la defensa, se nutre diariamente con síntesis informativas de varios servicios de inteligencia, papers policiales describen un clima extendido de efervescencia en varios puntos del mapa nacional. A esas tentaciones los uniformados responderán que no poseen capacidad operativa frente a la protesta social sencillamente porque su misión y función es de otra naturaleza: el conflicto armado de la guerra. Pero lo que preocupa al gobierno es que las policías y fuerzas de seguridad tampoco tienen una doctrina a respecto y deben elaborar estrategias y procedimientos con la misma rapidez que suceden los hechos. Su formación está dirigida a prevenir y reprimir delitos comunes.

El único elemento que sobrevuela el pensamiento oficial en cuanto a la presencia de las FF.AA. en las calles es su ventaja de persuadir antes que comenzar a los tiros. Pero para eso se requiere la modificación de las leyes de Defensa y Seguridad, hoy una utopía. Con delicadeza, el general Juan Carlos Mugnolo y los jefes militares expondrán otros males que aquejan a sus hombres: la incertidumbre por los salarios -dato común a los empleados del Estado-, el agotamiento del presupuesto, ya no hay fondos para racionamiento y, lo que es peor, la suspensión de servicios de las empresas privatizadas, como sucedió en el Regimiento 1, Patricios. Mugnolo sorteó un trago amargo la semana pasada que también trasladará al Presidente: debió enviar a 348 hombres a la misión de Cascos Azules en Chipre con la mitad -500 dólaresde la asignación de divisas que contempla la ONU para cada uno de los efectivos. Esa partida de 1.000 dólares por hombre es pagada por Naciones Unidas pero en el camino burocrático hasta llegar a Defensa hace dos postas, la Cancillería y Economía.

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