La ministra Nilda Garré ordenó al almirante Jorge Godoy que entregue a la Justicia Federal de Rawson la lista de todos los marinos y agentes civiles de inteligencia que integraron entre 1999 y 2006 las estructuras de inteligencia del Edificio Libertad, del Comando de Operaciones Navales (en la base naval de Puerto Belgrano), de la base naval de Ushuaia y de la base Almirante Zar en Trelew. También los legajos personales de esos agentes, que implicaría el conocimiento de las operaciones especiales en que participaron en esos años. La medida dejó atónitos no sólo a los navales, sino a todo el ambiente de la inteligencia castrense -corrió como reguero de pólvora por canales reservados- pues implica poner en superficie la totalidad de las personas que trabajaron en esa actividad sin un argumento firme de la Justicia. En efecto, el pedido del conjuez Luis López Salaberry que investiga la presunta violación de la ley de inteligencia cometida por personal naval de la base Zar llegó al despacho de Garré con urgencia -se debe responder en 5 días- a pesar de que el expediente no avanzó más allá de la carátula. Desde que estalló el escándalo por el espionaje a políticos en vísperas del 24 de marzo, el juzgado federal de Rawson no pudo o no supo tomar indagatorias a ninguno de los inculpados.
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El primero en declarar a principios de junio sería el arrepentido Carlos Ariel Alegre, el cabo principal de inteligencia que recurrió al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para denunciar a sus compañeros por actividades de espionaje ilegal en Trelew. Como se sabe, la declaración indagatoria es necesaria e ineludible para confrontar con el material probatorio secuestrado en múltiples allanamientos a oficinas de inteligencia de la Armada. Dos irregularidades cometidas en esas diligencias anticipan denuncias cruzadas ya en estudio por los defensores de los agentes navales: la pérdida del módulo cifrador del sistema de encriptado PLACOM de la oficina de inteligencia de Trelew y la participación de personas no autorizadas en el allanamiento a la oficina de la base de Zárate.
El primer caso se encuadraría en delitos que comprometen la paz de la Nación ya que el sistema de encriptado PLACOM es la columna vertebral de la inteligencia de la Armada. Es un sistema de claves y su correspondiente software de alta complejidad desarrollado por los marinos que se utiliza para encriptar toda la información sensible que hace a la seguridad del país.
Violación
En el allanamiento a la oficina de la base naval de Zárate que llevó adelante el juez federal de Campana, Federico Faggionato, a pedido del juez federal de Rawson, estuvieron presentes miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que no figuraban como actores en el exhorto del juez de la causa. Es decir, se violó la ley de inteligencia en tanto personas no autorizadas accedieron al conocimiento de informaciónque les estaba vedada.
El temor de los marinos es la suerte que seguirá esa base de datos sobre la totalidad de agentes de planta de la fuerza una vez que se entregue a la Justicia. Hay dudas y con razón sobre el cumplimiento de la disciplina del secreto que debe resguardar la identidad de esas personas. Como se recordará, fue el propio tribunal de Rawson el que permitió a la querella que en una conferencia de prensa se dieran a conocer documentos identificados con la denominación Estrictamente Secreto y Confidencial, la organización de la inteligencia naval y la existencia del sistema PLACOM, luego reproducidos en los medios.
Dar a publicidad datos de agentes secretos está prohibido, pero cuando le conviene a la política suele esquivarse o ¿acaso Gustavo Béliz no está bajo proceso por revelar la identidad del jefe de Contrainteligencia de la SIDE? La propia ministra sufrió esos avatares cuando estaba a cargo de la Unidad de Investigación Especial del atentado a la AMIA: fue acusada por los tres fiscales de la causa AMIA, Eamon Mullen, José Barbaccia y Alberto Nisman, y por el querellante, la DAIA, de haber filtrado información a los medios sobre el testigo C (un iraní protegido por Alemania) y la violación de un supuesto acuerdo de confidencialidad con el gobierno alemán. Un dato verificable lo confirma: el entonces presidente Fernando de la Rúa la echó de la titularidad de la Unidad de Investigación Especial para esclarecer ese atentado. Otros ojos siguen desde el Congreso la marcha del desaguisado: la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia. Ese cuerpo especial de legisladores tiene por ley la responsabilidad de investigar de oficio y medita una nueva citación al secretario de Asuntos Militares, José Vázquez Ocampo, para aclarar la marcha de la reforma del sistema de inteligencia militar que se lanzó como consecuencia del caso Trelew. Desde que el Ministerio de Defensa tomó el control de toda la inteligencia castrense por intermedio de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, aún no se dio ninguna orientación a los organismos sobre la actividad o escenario que deben atender.
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