Guerra en el gobierno por responsabilidad en cortes

Esteban Righi

El procurador general de la Nación, Esteban Righi, puso ayer el conflicto por los cortes de ruta en todo el país en manos de Aníbal Fernández: ratificó ante el macrista Federico Pinedo, el radical Oscar Aguad y Francisco Ferro de la Coalición Cívica que intervenir en los cortes de ruta «es competencia de las fuerzas de seguridad» que dependen del ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Y que para hacerlo no tiene que pedir autorización previa a fiscales. «Nuestro deber es investigar delitos, no hacerlos cesar», dijo. Así dejó claro, a diferencia de la doctrina que mantuvo hasta ahora el gobierno, que cualquier interrupción de tránsito puede ser solucionada por Prefectura, Gendarmería o la Policía Federal, sin intervención previa de la Justicia.

Explicaciones

Fue lo que sucedió con la detención de los 8 productores de San Pedro, primera vez que el gobierno dispone el arresto de piqueteros en sus cinco años de mandato.

La audiencia que los tres opositores le habían pedido al procurador general de la Nación fue para pedir explicaciones sobre el criterio que se utiliza para instruir a los fiscales para aplicar medidas contra los cortes.

«En los casos de flagrancia, como lo son también los casos de delitos de efectos permanentes, es competencia de las fuerzas de seguridad hacer cesar el delito. En ningún caso hace falta la orden de un fiscal para hacer cumplir la ley. Fiscales y jueces investigan delitos, no es su tarea hacerlos cesar», dijo Righi en un comunicado que se emitió después de la reunión.

La aclaración sirvió para explicar dos casos contrapuestos que se dieron en las últimas semanas. La reunión entre la oposición y Righi había sido pedida después que el fiscal de San Nicolás, Juan Murray, pidiera el procesamiento contra ocho ruralistas acusados de cortar la Ruta 9.

Todos ellos, incluido el presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores, fueron acusados de incendio doloso y de obstruir la libre circulación de las rutas.

La detención fue hecha por el grupo Albatros, de la Prefectura, que custodiaba el piquete de productores de la zona para evitar que se interrumpiera el tránsito el 1 de junio pasado. Al día siguiente, Murray, que después de liberar a los detenidos fue acusado por los hombres del campo y por la oposición de actuar con extraña celeridad en este caso, aclaró que la orden de intervenir y detener a los productores no había salido de la fiscalía. Se supo que tampoco lo había hecho el juez Carlos Villafuerte Ruso. Es más, precisó que Prefectura actuó de oficio.

Atribuciones

De ahí la razón por la que los opositores pidieron explicaciones a Righi: saber si el Ministerio de Justicia estaba habilitado para disponer detenciones a través de sus fuerzas controladas sin que intervinierade por medio la orden de un fiscal.

La diferencia no es menor: hasta ese momento, el gobierno siempre había sostenido que las fuerzas de seguridad intervendrían en los cortes de rutas o calles cuando existiera una orden judicial. Así pasaron cinco años de piquetes en todo el país por distintas protestas, incluyendo la comunicación con Uruguay interrumpida por los ambientalistas contra la papelera Botnia sin que existieran acción alguna del gobierno para impedirlo. Sólo en dos ocasiones, en todo ese tiempo, los fiscales intervinieron para despejar caminos, por lo que resultó dudoso que se cambiara la estrategia con los hombres del campo.

Poderes

A ese hecho se sumó esta semana la protesta de los transportistas. Y por eso los tres diputados de la oposición querían saber también sobre los poderes de Aníbal Fernández para ordenar detenciones a sus fuerzas. Como en el caso anterior, no aparece ahora ninguna acción del gobierno para liberar las rutas de los piquetes camioneros, como sí existió con los ocho productores que fueron acusados de « entorpecimiento de vías de comunicación terrestres, atentado y resistencia a la autoridad y estrago».

Righi directamente se sacó cualquier responsabilidad de encima en cuanto a las detenciones. En ese mismo acto cargó sobre el ministro de Justicia toda la responsabilidad por las rutas cortadas: «En primer término, que los cortes ilegales de rutas no son competencia del ministerio fiscal», dijeron los opositores a la salida del encuentro.

Pero Righi, además, fijó los límites de la acción de los fiscales: «Por imperio de la ley, los fiscales son autónomos a la hora de evaluar un hecho de corte de ruta, por las circunstancias que presenta el caso, reviste carácter delictivo o no. Tienen, por consiguiente, autonomía legal para decidir si en el caso concreto corresponde promover la apertura de un proceso judicial o no».

De todas formas, Pinedo, Aguad y Ferro se llevaron la respuesta que esperaban: no existe ningún impedimento para que el gobierno ordene a sus fuerzas levantar los cortes de ruta, ni hay posibilidad de que se discriminen según quién los hace.