"Hay una sobredosis de Comodoro Py"

Jorge Di Lello pidió abrir una investigación contra Bonadio y Federico Sturzenegger por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares.

El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que existe una "sobredosis de Comodoro Py" al aludir la judicialización de las disputas políticas que buscan una resolución en los tribunales. "Es un suicidio colectivo", agregó.

Di Lello también fue consultado por su decisión de imputar al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez Claudio Bonadío, a raíz de la denuncia de diputados del Frente para la Victoria en espejo a la causa abierta contra la expresidenta Cristina Kirchner por venta de dólar a futuro. "Imputar no quiere decir que nadie sea culpable de nada sino que hay elementos razonables para investigar y buscar datos", aclaró.

Di Lello deberá expedirse sobre la decisión de Sturzeneguer de devaluar el peso y de Bonadío en autorizar el pago a los tenedores de dólar futuro, cuestionadas por el kirchnerismo como verdadera causa del perjuicio económico causado. "Lo que sabemos es que vende Cristina, pero devaluó Stuzenegger y los que se sabe hasta ahora es que los que compraron pertenecen al Gobierno que devaluó", resaltó.

El funcionario judicial reveló que ya había pedido dictámenes académicos y profesionales de diferente orientación, entre ellos de los exministros Roberto Lavagna y Axel Kicillof, al actual Alfonso Prat Gay, y a los exdirectores del BCRA desde 2007 a la fecha.

Además había pedido detalles de las previsiones presupuestarias del gobierno anterior y las listas de compradores de dólar futuro, para poder verificar los datos de la denuncia penal. En términos más generales, consideró que la judicialización se opera en casos "donde el borde entre los personal y política no es muy definitivo y eso permite la denuncia penal como lucha política".

Ubicó el origen de ese fenómeno en el país en los años noventa con oposición a las políticas de privatizaciones del menemismo que "buscaron impugnarlas penalmente". "Privatizar no es bueno ni malo en términos penales", sostuvo aunque "privatizar para favorecer a una empresa propia o para obtener un retorno, eso si es lo que hace la diferencia", precisó.