Ibarra necesitará menos votos para abrir casinos en la Capital

Un sector del radicalismo porteño impugnó ahora la ley de juego de la Capital y asegura que será mucho más fácil instalar un casino que lo que dice Aníbal Ibarra y el polémico artículo 9 de la ley que votó la Legislatura porteña la se-mana anterior, según la Constitución local, no se puede pedir una mayoría especial de legisladores para conceder el permiso para una ruleta.

El radicalismo interpreta que el artículo que provocó la votación dividida de los socios de la Alianza es inconstitucional. La UCR y los socialistas querían prohibir las ruletas, que sólo podrán ser estatales, pero el Frepaso se alió con la oposición y sancionó la norma en la madrugada del viernes pasado, que en ese aspecto señala: «Sólo el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa para proponer la instalación de una sala de juego conocida como casino y administrada por el Gobierno de la Ciudad, que debe ser aprobada por la Legislatura con el voto de dos tercios del total de sus miembros y bajo el procedimiento de doble lectura». Los socios del Frepaso no quieren hacer una presentación judicial que agrave la tensión en la que quedaron las relaciones dentro de la Alianza, por eso esperan que sea el propio Ibarra quien advierta lo que consideran un error, antes de promulgar la ley. Se refieren a ese punto 9 que establece que el Ejecutivo será exclusivamente quien tenga la iniciativa de presentar un proyecto de ley si considera necesaria una ruleta porteña; luego impone que la aprobación se realice con mayoría especial de dos tercios de los legisladores (40 de las 60 bancas porteñas) y mediante un proceso de doble lectura, es decir, una primera aprobación en el recinto, luego audiencia pública para que opinen los vecinos y final-mente otra sanción definitiva de la norma que autorizaría la construcción del casino.

Para el vicepresidente de la Legislatura porteña, el delarruista Jorge Enríquez, se ha incurrido en el error de delegar la iniciativa legislativa y de fijar una mayoría y procedimiento especial, cuando ésas serían atribuciones de la Constitución de la Ciudad.

Paralelismo

El constitucionalista Jorge Vanossi opinó en el mismo sentido en algún aspecto ante la consulta de este diario. Para Vanossi, la delegación de la iniciativa legislativa «simplemente faculta, pero el legislador no está abandonando sus atribuciones porque las puede recuperar mediante otra ley, ya que el que delega puede retomar, es un paralelismo de la competencia». En cambio, con respecto a la necesidad de contar con mayoría especial para el permiso de instalar un casino, Vanossi sostuvo que en la Constitución de la Ciudad, que enumera los casos en los que se requiere mayoría especial y no habla de temas de juegos de azar, «las mayorías especiales son de interpretación restrictiva, y si el juego no está previsto, rige la regla y no la excepción», como han querido imponer los legisladores del Fre-paso y de Encuentro (cavallistas, belicistas y peronistas) en el artículo de la ley. Esa inter-pretación significa que, llegado el caso, los diputados porteños (podría ocurrir en esta gestión o en otra) podrían omitir la necesidad de contar con 40 votos para el permiso que provocó un escándalo dentro de la Alianza.

Deseo

En otro sentido, con respecto al artículo que dice que el jefe de Gobierno debe llevar a cabo acciones tendientes a clausurar el casino flotante, amarrado en la ribera de la Capital, el constitucionalista aclaró que esa cláusula «es una expresión de deseo», pero que además «todo lo atinente a la limitación de las incumbencias entre el gobierno federal y el de la Ciudad es de una legislación técnica defectuosa y es materia opinable de la ley Cafiero en adelante».

Enríquez, quien llevó la novedad ante sus pares en una reunión de la mesa del bloque radical, sostuvo a la vez que el artículo de la discordia «es una previsión en apariencia limitativa pero no tiene solidez, con otra ley aprobada por mayoría simple esos recaudos se anulan y además tales exigencias son de muy dudosa constitucionalidad».

Si Ibarra decide hacer caso y vetar el artículo de la ley, el proyecto debe volver al recinto, pero además de provocar un nuevo enfrentamiento entre los socios de la Alianza, quedaría en el camino la estrategia del jefe de Gobierno de la Ciudad, que pretende que la Legislatura, a partir de la promulgación de la ley, le apruebe un convenio con Lotería Nacional para comenzar a recuperar dinero de las apuestas que hacen los porte-ños y que ahora se deriva al Ministerio de Acción Social. Aun cuando el clima en la Alianza no es propicio para considerar ese documento, Ibarra tratará de que se lo homologuen en sesiones extraordinarias antes de fin de año o bien en febrero próximo.