El viernes, los ujieres de la Legislatura porteña transportaron voluminosas cajas con copias del largo dictamen que reclama un juicio político contra Aníbal Ibarra por su responsabilidad en la tragedia de Cromañon.
Después de conocerse el dictamen de la comisión legislativa que investigó las responsabilidades políticas en el Caso Cromañón, Aníbal Ibarra suspiró aliviado: a pesar de la recomendación de enjuiciarlos, el informe excluyó completamente la andanada de acusaciones del legislador porteño Milcíades Peña referidas a una supuesta «matriz de corrupción» que habría derivado en el trágico accidente. Finalmente los legisladores recomendaron el juicio político al jefe de Gobierno por el presunto mal desempeño de sus funciones -menos sustancial-, pero ahora vienen para Ibarra dos momentos clave: 1) Evitar que esta semana se debata en el recinto de la Legislatura porteña si el dictamen pasa o no a la sala acusadora de juicio político. 2) Lograr que la decisión final sobre si continúa o no en la gestión esté lista antes de las elecciones del 23 de octubre. Habría 27 votos en su contra, hoy, pero no 30 como los que se requieren para desplazarlo.
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Para el primer objetivo, Ibarra cuenta con el apoyo del kirchnerismo y una mesa chica de legisladores que hoy mismo se reunirá para planificar esa estrategia. Para evitar que la definición se postergue para después del 23 de octubre, el jefe de Gobierno confía en los votos del macrismo, porque sus aliados circunstanciales del kirchnerismo aseguran por estas horas que no sería posible elaborar un nuevo dictamen antes del cuarto oscuro.
Hoy se celebrará una reunión confidencial de la cual participarán, entre otros, el peronista macrista Santiago de Estrada (vicepresidente de la Legislatura), la ibarrista Laura Moresi, el ex macrista Jorge Mercado y el titular de la bancada kirchnerista, Diego Kravetz. La mesa girará en torno a los pasos formales que debe seguir el dictamende la comisión investigadoraque presidió Fernanda Ferrero (ex Recrear). Algunos quieren proponerle a De Estrada que en su carácter de titular del cuerpo (el presidente de la Legislatura, Jorge Telerman -vicejefe de Gobierno-, se encuentra de licencia en ese puesto) gire directamente el dictamen, que anticipó este diario el viernes, a la sala acusadora de la Comisión de Juicio Político. De ese modo, se evitarían los discursos de ocasión sobre las responsabilidades de Ibarra y, además, que haya una votación mayoritaria para ese traslado, con la presunción de que debe someterse al jefe de Gobierno a juicio.
Sin embargo, De Estrada no estaría dispuesto a esa jugada. En cambio, se habla de efectuar el pase directo a la sala, pero comunicándolo al cuerpo sin discursos, como si se tratara del pase de un proyecto a comisión. El reglamento interno de la Legislatura impone, no obstante, que para hacer funcionar la Sala Acusadora el cuerpo debe resolver que hay « formación de causa», es decir, debería votarse por sí o por no la apertura del proceso de juicio político. De una u otra forma, buscarían el modo de garantizar que el próximo jueves se gire a la Sala Acusadora sin debate. La semana próxima será más complicada para Ibarra.
El proceso de juicio político implica que la Sala Acusadora, compuesta por 45 de los 60 legisladores porteños sorteados para integrarla cada dos años, pase el informe a su propia comisión investigadora. Ese grupo, compuesto por 13 diputados, es el que elabora otro dictamen sobre el que finalmente se resuelve. Allí los votos están divididos y podría haber más de un dictamen. La mira en ese punto está puesta en el calendario: el kirchnerismo, cree Ibarra, intenta diluir el tema y postergarlo para después de los comicios, reservándose la decisión final de acuerdo con el termómetro del resultado electoral. Los ibarristas confían por lo bajo en que sus socios, si pierden la elección en la que llevan a Rafael Bielsa de candidato a diputado nacional, responsabilizarían a Ibarra y Cromañón de esa desgracia. También creen que si ganan en octubre, el ímpetu vencedor provocaría un aterrizaje directo en más de una oficina del palacio municipal.
Quizá por esas dudas que lo mortifican actualmente, Ibarra de repente salió a admitir que no puede seguir gobernando en la inestabilidad y solicitó que resuelvan su situación lo más rápido posible. Sabe que el conteo le da a favor por el momento y que, de lo contrario, lejos de llegar a la instancia de ser juzgado, debe renunciar. El macrismo, que por decisión de su candidato pretende no sobreactuar la injerencia en la definición del juicio político, está dispuesto a acelerar los tiempos y resolver para fines de setiembre si hay o no juicio a Ibarra.
Esa decisión la toma la Sala Acusadora -presidida por Santiago de Estrada- sobre la base del dictamen que emita su grupo investigador. Esa comisión investigadora de 13 miembros -que preside el macrista Marcelo Godoy- puede tomar como válido el dictamen que se conoció la semana pasada (ampliarlo o no) y abrir el proceso de defensa de Ibarra.
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