La pretendida intención de Domingo Cavallo de descargar parte del ajuste sobre las espalda de Aníbal Ibarra, traspasándole la Policía y la Justicia, un tema de debate permanente tanto en el Gobierno porteño como en el área de seguridad nacional.
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Aunque desde siempre existió la intención en Ibarra de controlar a la Policía Federal, la decidida postura del ministro de Economía de deshacerse de la Federal en forma rápida y sin traspasar los $ 650 millones de presupuesto sorprendió a funcionarios allegados al alcalde porteño.
Se analizaba ayer que una de las formas de concretar este traspaso sin traumas era aplicar un sistema similar al que utilizó Canadá cuando decidió transferir el manejo de la Policía Montada.
Allí se adoptó como mecanismo la obligación del gobierno comunal de abonar al Estado un monto determinado por la prestación del servicio de seguridad.
En otras palabras y trasladado al plano local, el gobierno de Ibarra tendría el control de la Federal, pero a cambio le debería abonar al Estado nacional la prestación de ese servicio.
Los números que se barajaban eran los siguientes: de los 35 mil hombres que tiene la Federal, la mitad de ellos (17.500) están concentrados en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que sólo se haría cargo de abonar $ 300 mil anuales. Esto como resultado de una ecuación en la que se toma el valor hombre, jefes y oficiales, y toda la estructura que hoy tiene en funcionamiento la Federal.
Debería hacerse cargo también de aportar elementos técnicos, nuevo armamento y mejorar los deprimidos sueldos que hoy tienen los integrantes de esa fuerza de seguridad.
La idea no convencía a muchos, pero funcionarios nacionales insistían en afirmar que si seguían los mecanismo tradicionales llevaría por lo menos un año más pasar la Federal a la órbita del Gobierno de la Ciudad, algo que no agrada mucho a Cavallo y a su plan de ajuste.
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