Impiden regalos a funcionarios

Los funcionarios y diputados de la Ciudad de Buenos Aires tendrán ley propia de ética pública, una norma que les impedirá, entre otras cosas, recibir regalos y ejercer algunas actividades hasta después de un año de dejar el cargo, medida que se aplicará a también a su familia.

En una sesión maratónica, como es usual a esta altura del año, la Legislatura porteña tratará hoy un centenar de proyectos de ley en su última sesión ordinaria del año. Al debate de la norma que impondría la unión civil (una especie de matrimonio) para parejas homosexuales se le antepuso, tras la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, el tratamiento de una ley de ética pública para aplicar a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, que los diputados consideraron más urgente que los beneficios a concubinos gay. Antes, además, someterán a consideración una veintena de despachos culturales referidos a nombres de calles y placas alusivas, entre otros. Después, se debatirá en particular la ley para los cartoneros, que crea un registro sobre esa actividad, entre otras normas.

La ley de ética pública se redactó y discutió varias veces durante los cinco años de existencia de la Legislatura porteña, pero nunca alcanzó acuerdo para llegar al recinto.

La norma impondrá conductas que deberían ser obvias para los funcionarios de la administración pública, como la prohibición de recibir honorarios o prestar servicios a empresas concesionarias del Gobierno porteño o relacionadas con la actividad de su cargo.

Entre las novedades figura que la obligación de presentar una declaración jurada de bienes al ingresar en el cargo -designado o electo-se extiende al cónyuge y a los hijos. Del mismo modo, la familia o grupo de convivencia del diputado o funcionario tiene prohibido, hasta un año de cese en el puesto, dirigir, administrar o representar a concesionarias no sólo del gobierno de la Capital Federal, sino también en el orden nacional y provincial.

La ley incluye un régimen de regalos, que les estará prohibido recibir a los funcionarios, excepto reconocimientos protocolares y gastos de viajes recibidos de gobiernos o entidades sin fines de lucro. Sólo podrán aceptar obsequios de valor exiguo, como lapiceras económicas.

La norma tendrá alcance desde el jefe de Gobierno hasta el nivel de directores generales y adjuntos, los legisladores y empleados de la Legislatura (hasta directores), los miembros del Tribunal Superior de Justicia y de organismos descentralizados, los encargados de otorgar habilitaciones y los funcionarios policiales, desde comisario general hasta subcomisario. Se entiende que, para los agentes, la norma correrá cuando la Policía sea traspasada a la Ciudad de Buenos Aires o el distrito cuente con una fuerza propia.