La decisión de derogar los indultos decretados por Carlos Menem a través de una ley del Congreso, y no por decreto presidencial, se consolidó ayer en el gobierno nacional. La lógica kirchnerista indica que ante el gran consenso que despierta esta medida en todos los sectores parlamentarios Néstor Kirchner buscará dotar a la iniciativa del mayor respaldo político posible a través de una ley.
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Aunque hasta los mismos legisladores oficialistas, algunos de ellos abogados, sostenían que técnicamente lo más correcto sería derogar los indultos a través de un decreto presidencial -«esuna atribución que corresponde al Ejecutivo», razonaban-, la Casa Rosada se habría inclinado por la opción de derogar los indultos por vía legislativa.
Para ello se recurriría al proyecto que concentra las iniciativas de los ex diputados Gerardo Conte Grand (PJ), Margarita Stolbizer (UCR) y Patricia Walsh (Izquierda Unida) y que alcanza a los decretos 1002/89, 1004/89, 1005/89, 2741/90 y 2746/90, dictados durante la presidencia de Menem. Como la norma impulsada se basa en la no prescripción de los delitos de lesa humanidad, el oficialismo buscaría excluir de la anulación de los indultos a ex montoneros, como Miguel Bonasso, que también se vieron favorecidos por la medida decretada por Menem. Creen que sus delitos no encuadran en la figura de «lesa humanidad», aunque esto lo decidirán los jueces.
• Comisiones convocadas
Ayer surgieron varios indicios adicionales que dan fundamento a la versión de la vía parlamentaria para dejar sin efecto los indultos. Se convocó para hoy una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Juan Manuel Urtubey con una agenda abierta y genérica: «temas varios», reza el comunicado distribuido en los despachos de la Cámara baja. Además se convocó a los legisladores para la constitución de la Comisión de Derechos Humanos que será presidida nuevamente por el kirchnerista correntino Hugo Perié.
El oficialismo buscará así capitalizar la estocada del ARI, que la semana pasada propuso el tratamiento sobre tablas el mismo día que el Frente para la Victoria impulsó la conversión del 24 de marzo en feriado nacional inamovible. Aquel día, el bloque kirchnerista comandado por el santafesino Agustín Rossi fue tomado por sorpresa y no quiso avanzar en un tema que no había sido bendecido expresamente desde la Casa Rosada, desde donde emanan monopólicamente todas las políticas de derechos humanos.
Sin embargo, un diputado ultrakirchnerista de buen diálogo con Balcarce 50 no descartó que el tema sea propuesto hoy en comisión, o que en el peor de los casos sea planteado para su tratamiento sobre tablas luego de la visita de la presidenta chilena Michelle Bachelet a la Asamblea Legislativa.
En la Cámara de Diputados y en el Senado, el oficialismo descuenta la aprobación de la anulación de los indultos que es apoyada por todos los bloques políticos: el ARI, la UCR, el Partido Socialista, el PRO de Mauricio Macri y el Peronismo Federal.
• Cuestionamientos
Pero también existen cuestionamientos jurídicos a la capacidad del Poder Legislativo de resolver la nulidad de un acto emanado de otro poder de la República. El ex conjuez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Gil Lavedra afirmó en ese sentido que sólo los jueces podrán anular los indultos otorgados por el ex presidente Carlos Menem a ex represores que actuaron durante la última dictadura militar. «Ni el Poder Ejecutivo, mediante un decreto, ni el Congreso nacional, con una ley, tienen competencia para anular un acto de otro poder», aseguró el constitucionalista para quien un pronunciamiento a favor de la Cámara de Diputados para la anulación de los indultos es «un mero gesto de actuación política que carece de todo efecto jurídico».
Además ambas Cámaras realizarán hoy una sesión especial para emitir declaración respecto del aniversario del inicio de la última dictadura y declarar 2006 Año de la Memoria, una iniciativa de la diputada Diana Conti. Ayer los kirchneristas Remo Carlotto y Gerónimo Vargas Aignasse presentaron, con el aval directo de Kirchner, un proyecto que propone que el Congreso declare su más enérgico repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del 30° aniversario del inicio de la dictadura.
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