6 de marzo 2008 - 00:00

Informe de Auditoría porteña complica a Telerman e Ibarra

Un informe implacable de la Auditoría General porteña asegura que hubo demoras e irregularidades en la realización de obras para mitigar las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires. El organismo, que preside el kirchnerismo, le dio así la razón a Mauricio Macri sobre la herencia recibida, ya que el informe se realizó sobre las gestiones de Jorge Telerman y Aníbal Ibarra. Licitacionesque tardaron cuatro años y hasta sospechas de sobreprecios son algunas de las cuestiones que ahora debe analizar la Procuración para resolver si habrá denuncia judicial.

Grave denuncia de los auditores de la Ciudad sobre causas de inundaciones se conoció ayer.Aseguran, como Macri, que hubo ineficiencia e irregularidades en gestiones anteriores.
Grave denuncia de los auditores de la Ciudad sobre causas de inundaciones se conoció ayer. Aseguran, como Macri, que hubo ineficiencia e irregularidades en gestiones anteriores.
Más oportuno no podía ser, para Mauricio Macri, un contundente informe de la Auditoría porteña que le da la razón en los argumentos con los cuales, por estas horas, justifica que Buenos Aires colapsara bajo el agua: la inoperancia de sus antecesores. Mejor todavía, el documento lo emite el organismo que preside la kirchnerista Sandra Bergenfeld, es decir, representante de la oposición porteña y concluye recomendando que el procurador de la Ciudad analice si hay motivos suficientes para iniciar una causa judicial.

La auditoría se realizó sobre las obras encaradas para mitigar las inundaciones en el distrito porteño, durante 2006, cuando el jefe de Gobierno era Jorge Telerman. Sin embargo, da cuenta de un gran retraso de obras concebidas en 2001 -gestión de Aníbal Ibarra- y manifiesta sospecha de irregularidades en el aumento de precios para su desarrollo.

De esa manera, Macri tendría razón cuando señaló que se habían subejecutado las partidas correspondientes y más aún: se perdió un crédito que debía haber utilizado Telerman.

Las obras en cuestión afectan a la zona de la cuenca del arroyo Maldonado, la del Vega, la del White y la zona sur del distrito, pero no está incluido el gran desarrollo de infraestructura que se hará bajo la avenida Juan B. Justo. Esa obra, que contempla además las salidas del Maldonado en la costanera porteña, tendrá hoy su inicio cuando la empresa que ganó la licitación, Ghella, firme en la sede del Gobierno porteño el contrato para iniciarla. Se trata de un emprendimiento que se desarrolló durante la administración de Ibarra y que concursó la de Telerman y terminó adjudicando definitivamente Macri días atrás con un crédito externo por u$s 130 millones. Los auditores señalaron una « injustificada» demora en la adjudicación.

En un informe sobre Mejoramiento de la Infraestructura de la Red Pluvial y según da cuenta Bergenfeld, entre otras irregularidades se detectó «subejecución en obras de la zona sur en un 77%, falta de aprobación de pliegos, cálculos erróneos de partidas presupuestarias, incumplimiento del Plan Director de Ordenamiento Hídrico; es por ello que la Auditoría ha recomendado el inicio, por parte de la Procuración, de acciones administrativas o judiciales por la supuesta comisión de ilícitos».

Las obras que se auditaron corresponden al arroyo Maldonado, la red pluvial Barrio River, desembocadura arroyo Vega, estación bombeo arroyo White, Cuenca Matanza Riachuelo, bombas depresoras de napas freáticas, arroyo San Pedrito, ampliación red pluvial zona sur y norte, y mantenimiento de salas de bombeo Salguero, Carranza y Av. Del Libertador.

En la zona sur se dejó de ejecutar 77% de las obras y en la zona norte, 21%, de acuerdo con el informe. También destacaron los auditores que en muchos casos no se cumplió con el requisito de contar con un informe de la Procuración y faltaron documentos que justifiquen los presupuestos encarados en algunos casos.

Además, la gestión de Telerman no utilizó un crédito del BID para el Programa de Control de Inundaciones, por lo que se paga una multa y «se optó por financiamiento propio a tasas más altas». «Hay adjudicaciones de obras que se hacían en forma directa y al mismo contratista, por ejemplo,en el Barrio River y Arroyo-Vega», señaló Bergenfeld. Por su parte, el auditor Santiago de Estrada (macrismo) aseguró que «el informe está bien, lo firmamos todos y ahora tiene que estudiarlo el procurador».

Entre los ejemplos de « incrementos de precios injustificados», figura que en 2003 las obras del Arroyo Vega contaban con un presupuesto original de $ 11.660.000 y fueron adjudicadas por $ 24.110.000, lo que arroja un aumento de 107%, además de realizarse trabajos adicionales con una erogación 197% superior a la prevista.

  • Sin anticipación

    «Los hechos demuestran que los proyectos no anticiparon planes de prevención de inundaciones ni márgenes de seguridad adecuados a los fines de ampliar la protección de la Ciudad frente a fenómenos combinados de fuertes lluvias y crecidas de los niveles de las aguas», dijeron ayer los auditores al difundir el informe.

    «Es necesario que el actual jefe de Gobierno de la Ciudad entienda las graves irregularidades detectadas y empiece a tomar medidas para terminar con los perjuicios sufridos por los vecinos de Buenos Aires», sostuvo Bergenfeld.

    Con respecto a una de las zonas más vulnerables de la Ciudad ante las lluvias, como la avenida Del Libertador, el documento señala que no se realizaron obras para el bombeo a pesar de una convocatoria a licitación que fue anulada.

    «El desistimiento hace perdurar en la Ciudad un riesgo cierto de quedar deficientemente comunicada frente a lluvias copiosas en estos tres viaductos estratégicos (Salguero, Libertador, Carranza)», señala el informe de los controladores.

    En las conclusiones se afirma que hubo «una serie de deficiencias que, en su conjunto, resultan en una grave situación generalizada de casi todas las adjudicaciones, ejecuciones, ampliaciones, redeterminaciones de precios analizadas e incluso en las obras que fueron desistidas».

    Además indica que «se han agregado irregularidades específicas que hacen que, en conjunto, las obras realizadas en este programa hagan presumir el pago de sobreprecios».

    «El Colegio de Auditores resuelve enviar el presente informe a la Procuración General para que analice las irregularidades que se han señalado y evalúe la conveniencia de promover las acciones administrativas o judiciales pertinentes», finaliza el documento.

    La investigación, si bien se inició con la conformación anterior de la Auditoría General, concluyó con la que preside Bergenfeld e integran, además de De Estrada, Alejandro Fernández (PRO), Adriano Jaichneco (UPCN), Josefa Prada (kirchnerismo), Paula Oliveto Lago (Carrió) y Juan Carlos Toso (Recrear).
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