Con un durísimo dictamen en el que se habló de «desarticulación, caos e ineficacia», la comisión investigadora de la tragedia de República de Cromañón recomendó el viernes -como se había adelantado- el inicio de un juicio político contra Aníbal Ibarra, a quien acusó de «mal desempeño de sus funciones».
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A Ibarra se le atribuyeron responsabilidades tanto en lo previo a la tragedia -por «falta de control e insensibilidad ante las alertas institucionales»- como en los momentos posteriores, sobre todo en lo relativo a la supuesta inexistencia de «un plan de emergencia».
La lectura del dictamen final, compuesto de nueve módulos y un capítulo destinado a las conclusiones, estuvo a cargo de los nueve legisladores -todos opositores a Ibarra- que integran la comisión investigadora.
La sesión se desarrolló desde las 17.50 y por espacio de más de cuatro horas en el salón San Martín de la Legislatura porteña, hacia donde llegaron más de 100 familiares de las víctimas del trágico incendio ocurrido el 30 de diciembre pasado.
Los familiares escucharon las conclusiones de los legisladores en silencio, portando las mismas pancartas que exhiben en cada una de las marchas callejeras que realizan para recordar a las 194 víctimas de la catástrofe.
Los legisladores le imputaron al jefe de Gobierno «desorganización y descoordinación» respecto de los organismos encargados de la verificación y el control de locales como el de República de Cromañón. La comisión investigadora refirió en su dictamen que «el poder de policía en la Ciudad de Buenos Aires fue encaminándose desde la ineficacia a la inexistencia con pleno conocimiento de las más altas autoridades del Gobierno». Los legisladores apuntaron que «esta situación, con la persistencia en la omisión de controlar, se mantuvo como una constante que estalló el 30 de diciembre de 2004».
En lo referente a las alertas ignoradas, los diputados porteños argumentaron que Ibarra «desoyó informes del defensor del Pueblo adjunto, Atilio Alimena, de la propia Legislatura y de la defensora del Pueblo, Alicia Oliveira».
Según el informe, cada uno de los organismos mencionados anticipó «irregularidades en la habilitación y funcionamiento de locales bailables», pero no recibieron la atención correspondiente.
También se consideró que entre agosto de 2000 y noviembre de 2004 -es decir, durante buena parte de la gestión de Ibarra- «no hubo una política adecuada de control de actividades comerciales» en la Ciudad de Buenos Aires.
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