Insiste Carrió en una traición

La amenaza, de denunciar por traición a la patria a los legisladores que votaran las facultades especiales, que Elisa Carrió profirió en el recinto de Diputados el domingo por la noche ayer surtió su primer efecto. Los senadores peronistas, viejos conocedores de lo que significa estar procesado por la Justicia, pidieron ayer a los abogados del bloque un dictamen para saber si Carrió estaba alardeando o en su denuncia existía algo concreto. La respuesta que obtuvieron fue demoledora: tal como estaba redactado el proyecto hasta ese momento, permitía sin ningún inconveniente acusar a todo legislador que lo votara por traición a la patria, de acuerdo con lo establecido en el articulo 29 de la Constitución nacional y el 227 del Código Penal. La pena para ese delito, que es de reclusión perpetua, se aplica a quienes sin justificación delegaren facultades del Congreso en los Poderes Ejecutivos nacional o provinciales. No bastó la aclaración de José Dumón: ese delito de ceder la suma del poder público se refiere a concentrar en una persona los tres poderes del Estado, algo que no establece este proyecto.

El primero en dar la voz de alarma fue Augusto Alasino.

Uno de los primeros en contestarle al legislador entrerriano fue Humberto Roggero: «Hay que meter un artículo en el proyecto que declare la emergencia pública. Dicen nuestros abogados que es la única forma de zafar para no ir en cana. Lo que dice 'Lilita' es cierto», le explicó al jefe del bloque PJ en medio de la desesperación.

Advertencia

No convencido con la atención que le había dispensado Roggero, Alasino también discó el celular de Oscar Lamberto. Nuevamente le explicó el problema y esta vez advirtió: «Oscar, si ustedes no modifican el proyecto lo vamos a hacer nosotros y así con seguridad va a tener que volver a Diputados. Háblenlo con la Alianza porque no podemos quedar pegados en una cosa así por hacerle un favor al gobierno». Lamberto le prometió discutirlo, pero para los diputados quedó en el ambiente que la desesperación de los senadores tiene más que ver con los problemas judiciales del año pasado -por la votación de la reforma laboral-que con una realidad jurídica.