Inspectores en un debate inagotable

El gremio que reúne a los empleados municipales de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo secretario general es Amadeo Genta, fue vinculado con la designación de los inspectores encargados de controlar y fiscalizar que los boliches porteños cumplan con las reglas de seguridad y de habilitación.

Con 48 horas de diferencia, el periodista Daniel Juri, en un artículo publicado en el monopolio «Clarín» y el director ejecutivo de la Fundación Poder Ciudadano, Carlos March, en una carta de lectores al diario «La Nación», indicaron a Genta como protector de los inspectores porteños.

Ambos lo hicieron en referencia a la tragedia de Cromañón, local que se incendió y dejó 191 víctimas y que incumplía, según se comprobó, numerosas medidas de seguridad. Además, contaba con una habilitación transitoria que había vencido un mes antes del desastre.

Juri, en su nota del 14 de enero, cita la «visita» que Hugo Moyano y otro grupo de líderes sindicales le habían realizado unos días antes a Juan José Alvarez, el flamante secretario de Seguridad porteño.

• Imputación

El periodista hace hincapié en Genta, a quien define como el «eterno líder del gremio municipal -por estas cosas de la democracia sindical-de los '70». Y agrega: «Es el mismo dirigente que 'protegió' la estabilidad de la planta permanente del municipio, entre quienes estaban los históricos inspectores municipales».

En tanto, March, en una carta dirigida a La Nación, publicada el domingo 16 de enero, sostiene que «la oficina que debió mantener en regla el boliche incendiado, era manejada por referentes del sindicato porteño».

Y, protegido por el potencial, plantea que esos « referentes» «la habrían convertido en una caja de recaudación (...) a cambio de ignorar infracciones». Juri y March, el primero encomillando la palabra « protegió» para darle un sentido negativo, y el segundo usando la figura del potencial -«habrían convertido», dice- atacan a Genta y, en el mismo acto, embisten contra Alvarez, quien lo recibió en su despacho.

Por esos días, la relación entre el recién asumido Alvarez y el ibarrismo atravesaba su peor momento: el bonaerense había pedido la renuncia de todos los funcionarios políticos del área de Seguridad y Control Comunal, medida que era rechazada por sectores del gobierno.