Una fábrica textil de la Capital Federal, que desde principios de año funciona ocupada por los empleados, fue allanada ayer por la Justicia, que ordenó la detención de las personas que se encontraban dentro, pero a las pocas horas la empresa fue nuevamente tomada por los trabajadores.
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La fábrica Bruckman, en el barrio porteño de Once, fue desalojada ayer a la mañana, tras los reclamos de los dueños, que a principios de año habían decidido el cese de la actividad, confección de trajes, por las grandes deudas que acumulaban. El tema fue debatido en la Legislatura porteña que ya dispuso la expropiación de varias PyMEs, haciéndose cargo Aníbal Ibarra del costo de indemnizaciones y subsidios, pero no se decidió en este caso todavía.
El juez Raúl Irigoyen resolvió que la fábrica fuera devuelta a sus antiguos propietarios y ordenó el allanamiento mediante el cual se retiró del lugar una computadora y otros elementos de la empresa. • Detenidos
«Llegaron, retiraron unos papeles que estaban en una oficina que nunca había sido abierta, una CPU donde están los diseños de sus productos y se fueron», relató la izquierdista Vilma Ripoll.
En el momento del allanamiento en el interior de la fábrica había seis personas que realizaban una «guardia», las cuales fueron detenidas y horas más tarde recuperaron la libertad.
Bruckman había cerrado sus puertas y sus dueños mantenían deudas con el personal que como protesta se instaló dentro de la empresa.
Al tiempo los empleados tomaron materias primas existentes en la fábrica y comenzaron a retomar la producción, lo que provocó que los dueños iniciaran una demanda por «usurpación» ante el juez Irigoyen, quien tiempo atrás había ordenado un desalojo que fracasó, pero que ayer pudo llevar adelante, al menos para retirar papeles que se consideran importantes en la resolución del conflicto.
• Expropiaciones
La izquierda porteña viene agitando este tipo de tomas de empresas que resultan finalmente teniendo eco tanto en la Legislatura porteña que sancionó ya varias leyes de expropiación de pequeñas fábricas, como en el gobierno de Ibarra que termina destinando los fondos para que los empleados, transformados en cooperativas, continúen con la fabricación que desarrollaban. En la mayoría de los casos se trata de empresas quebradas. Una de ellas, de reciente expropiación es una elaboradora de grisines que incluso, mientras se expropiaba fue comprada en la quiebra y sus actuales dueños tienen conformidad de la Justicia para hacerse cargo de la empresa a la que no pueden ingresar por estar funcionando con los ex empleados que la tomaron.
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