El informe contable de Iguacel en Vialidad sólo acreditó inconsistencias mínimas administrativas

Política

Lejos de los sobreprecios, el direccionamiento o las obras inconclusas que plantea la acusación, una testigo sólo pudo acreditar incidentes menores en Vialidad Santa Cruz. Formó parte de auditoría de Iguacel que inició la causa. "Yo no detecté ninguna irregularidad", en la obra pública declaró contadora.

En una nueva audiencia juicio Vialidad una auditora contable y un inspector de obra no acreditaron irregularidades en la obra pública en la provincia patagónica. La primera sólo habló de faltas menores, mientras que el segundo testigo negó haber recibido órdenes para disminuir los controles en ese distrito. La coordinadora adjunta del área de auditoría contable de Vialidad Nacional declaró que las inconsistencias detectadas en Santa Cruz no diferían de las habituales en otras localidades.

Se trata de Valeria Navaridas, quien formó parte del estudio ordenado por Javier Iguacel en 2016, al inicio de su gestión en la DNV sobre las obras viales en Santa Cruz. Se trata de la auditoría que usó el ex funcionario macrista para denunciar penalmente a Cristina de Kirchner. Según detalló la testigo se trató de un “relevamiento integral administrativo contable” poco habitual en esa época del año, ya que en los meses de diciembre y enero suelen dedicarse a tareas de cierre del año anterior.

“Verificamos que existían debilidades en materia de control interno. Gran parte de esto ya había sido relevado en el año 2012 y varias observaciones eran recurrentes”, dijo. Sin embargo, ante la consulta de las defensas reconoció que las “observaciones” de Santa Cruz fueron “de similar envergadura que en otros distritos”. Y que, en general, en todas las jurisdicciones “con los meses nos van informando y se van subsanando”.

Según dijo la profesional, “había un atraso en la rendición de cuentas por parte del Distrito y en la aprobación por parte de casa central”, pero que ninguna de esas demoras estaban relacionadas con la obra pública. En concreto habló de faltas menores como falencias en “caja chica, bancos, valores en garantía, valores de tercero, fondos de reparo y partidas a invertir”.

Lejos de los sobreprecios, el direccionamiento o las obras inconclusas que plantea la acusación, la testigo sólo pudo acreditar inconsistencias menores en Vialidad de la provincia patagónica. “¿Usted detectó que alguna de esas irregularidades haya incidido en alguna obra pública de Santa Cruz?”, interrogó una de las defensas. “Puntualmente yo no detecté nada”, respondió Navaridas.

El segundo testigo de la jornada fue convocado por la Oficina Anticorrupción y por la defensa de Lázaro Báez. Se trató de Gustavo Remet, ingeniero civil, auditor y luego inspector de obra en Vialidad Nacional, donde se desempeña desde 1994.

En una breve declaración debió responder la pregunta del abogado de Báez, Juan Villanueva: ¿Recibió alguna orden para disminuir los controles de auditoría en Santa Cruz? “No. No específicamente. El organismo puede aumentar o disminuir controles. Pero nadie, jamás me dijo específicamente que tenía que disminuir o incrementar los controles en esa provincia”.

La audiencia fue presidida por el juez Rodrigo Giménez Uriburu. Lunes y martes de la semana que viene está previsto que declaren otros tres testigos, pero fue el cierre de los profesionales a los que Iguacel encargó el primer informe apenas asumió Cambiemos, y que hizo caer la urgencia de la denuncia penal.

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