J.J. Alvarez habló más de sí mismo que de Cromañón

El duhaldista Juan José Alvarez declaró ayer como testigo de la fiscalía en el juicio político contra Aníbal Ibarra, por haber sido secretario de Seguridad después de la tragedia de Cromañón. Dijo que el área estaba en crisis, pero que había buena gente.

Tanto la fiscalía como la defensa del juicio político contra Aníbal Ibarra esperaban más de la declaración del ahora diputado nacional Juan José Alvarez. Sin embargo, las dos partes quedaron conformes con los testimonios del ex funcionario, a quien convocó Aníbal Ibarra una semana después del trágico accidente en el local República de Cromañón, tras la renuncia de Juan Carlos López. Se esperaba que la declaración del bonaerense actuara como bisagra en el proceso, pero Alvarez habló más de sí mismo y sus competencias que de Cromañón. Los ibarristas quizá pretendían que el ex secretario aseverara que todo funcionaba perfectamente al momento de su arribo y, en cambio, la oposición, que todo era un caos.

En realidad, Alvarez se animó a defender más a Ibarra, pero ya fuera del recinto donde se llevan las audiencias, es decir, ante los medios. Por eso para la oposición su testimonio perjudicó a Ibarra porque «con las normas que ya existían pudo clausurar locales». Para la defensa, habló bien del suspendido jefe de Gobierno «porque dijo que lo acompañó en todo sin restricciones».

Alvarez, con largas respuestas que fundamentalmente versaron sobre su manera de gestionar, aseguró que se presentó ante la Sala Juzgadora (podía declarar por escrito) sin intenciones de «inculpar ni exculpar a nadie», sino de explicar los pasos para «recuperar la capacidad de fiscalización» en un escenario de «crisis» en la Ciudad, luego de Cromañón.

«Llegué a la Secretaría de Seguridad, a un lugar con una enorme crisis», dijo el ex funcionario y aclaró: «Vine a un gobierno con el cual no tenía ninguna relación política, ni partidaria, de ningún tipo. Ni siquiera soy vecino de la Ciudad».

• Poder de clausurar

Una de las cuestiones importantes que destacaron los fiscales es que Alvarez demostró que «los inspectores tenían poder de policía para clausurar con las normas en vigencia», pero que no se aplicaron.

«Con la normativa vigente al 7 de enero de 2005 -ocho días después de la tragedia- se hicieron quinientas clausuras. El poder de policía no se interpretaba, se aplicaba», afirmó Alvarez -quien condujo el área de Seguridad durante cuatro meses-, lo que fue interpretado como que la gestión anterior era deficiente, teniendo en cuenta que el local República de Cromañón carecía de la habilitación por medidas de seguridad contra incendios que otorgan los Bomberos de la Policía Federal.

Antes de Alvarez declaró su sucesor en el cargo, el actual secretario de Seguridad, Diego Gorgal, y también afirmó que la falencia de certificación o el vencimiento del certificado de Bomberos era una causal de clausura. Eso resultó para la fiscalía casi la evidencia que estaban buscando para adjudicar a Ibarra mal desempeño, aunque inspectores que declararon en audiencias anteriores aseguraron que la normativa no les permitía clausurar, sino intimar.

Les preguntaron si los inspectores pueden consultar por handy, en medio de un operativo, si clausuran o no, como habían narrado otros testigos: «A un inspector no se le puede dar una potestad a medias. No hay limitación para eso», dijo Alvarez -«No». y Gorgal fue rotundo: Para la defensa de Ibarra, que el área funcionara con irregularidades no implica que el jefe de Gobierno sea acusado de mal desempeño. En cambio, para los acusadores es suficiente.

Por otra parte, Gorgal reveló que separó momentáneamente de su cargo a Paula Trunso, la funcionaria que supuestamente organizó una reunión entre Ibarra y un inspector que debía declarar como testigo en la Sala Juzgadora. Eso cayó mal en la defensa, que viene desestimando el episodio.

Además, afirmó que hay 70 mil establecimientos críticos y que durante 2005 hubo 10 denuncias por corrupción y que los inspectores sospechados fueron separados preventivamente del cargo.

Después de los funcionarios llegaron a la sala otros testigos, entre ellos el que condujo la troupe de inspectores que Ibarra desalojó acusándolos de « focazo de corrupción», en 2003. Alejandro Kampelmacher respondió sobre una inspección al Reventón (luego convertido en República de Cromañón), que supuestamente debía haber sido clausurado, pero no lo fue. Sin embargo, esa respuesta favoreció a Ibarra ya que a todo ese plantel lo desplazó sospechándolo de corrupción.