9 de septiembre 2011 - 00:00

Juez busca cuentas de Bonafini afuera que denunció Schoklender

Norberto Oyarbide
Norberto Oyarbide
El juez federal Norberto Oyarbide ordenó investigar la posibilidad de que la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fuese propietaria de cuentas bancarias en el extranjero, a partir de una denuncia de Sergio Schoklender. El exapoderado de las Madres, que desde el miércoles ejerce su propia defensa, dio inicio a un contraataque judicial orientado a involucrar a Bonafini en supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos. El magistrado recibió la denuncia y mandó exhortos a España para indagar sobre al menos dos bancos.

Schoklender dejó instalado lo que en Tribunales calificaron como «el misterio de la caja número 9». Se refirió así a documentación que dejó en el despacho de Oyarbide con información en la que da cuenta de supuestos fondos depositados por Bonafini en España. Si bien Schoklender había entregado ocho cajas con papeles al fiscal Jorge Di Lello, se presume que una novena estaría en manos del juez, con información supuestamente incriminatoria para Bonafini.

Cerca del exapoderado mencionaron incluso una cifra, de 2 millones de euros, y dos entidades: la Caja de Asturias y el Banco Canarias. Una enumeración similar había circulado días atrás mediante un correo electrónico anónimo en las redacciones de los diarios.

En su presentación ante Oyarbide, dejó asentado que en esa «novena caja» estaban las constancias de esas presuntas cuentas, así como de viajes aéreos que Schoklender habría compartido con funcionarios del Gobierno nacional, entre otros datos aparentemente comprometedores. Como le dijo a este diario el martes, Schoklender pretende ser indagado antes de las elecciones de octubre, una posibilidad que no condice con los planes de los investigadores.

El juez envió ayer mismo rogatorias judiciales a sus colegas de España para establecer la veracidad de los datos. La avanzada del principal sospechoso coincide con un revés que sufrió esta semana al establecerse, mediante un peritaje, que son falsas las firmas que se le atribuyen a Bonafini en un contrato con la empresa Meldorek, de propiedad de Schoklender.

La maniobra es consistente, además, con el viraje que le imprimió a su estrategia judicial, de politizar la causa, y que esta semana le costó el alejamiento de sus abogados, Adrián Tenca y Horacio Pitrau. Los letrados renunciaron a continuar con el patrocinio legal luego de que Schoklender avisara que daría una conferencia de prensa -que ayer no concretó- y que hablaría «de todo y de todos».

De todos modos, los investigadores no daban ayer demasiado crédito a las nuevas acusaciones. Por el lado de Oyarbide, la primera señal en ese sentido fue aceptar como querellante a la organización Madres para que pudiese impulsar la investigación y acusar a Schoklender. Mientras que el fiscal Jorge Di Lello tampoco encontró elementos todavía para imputar a Bonafini, como sí pretende su exapoderado.

Di Lello, en tanto, terminó ayer con el proceso de apertura de las ocho cajas que Schoklender había dejado en su despacho al inicio de la investigación. Una primera revisión del cúmulo de papeles entregado no llamó la atención de los investigadores. Con esos documentos, el exapoderado busca dejar sentado que por encima de sus responsabilidades en las Madres de Plaza de Mayo se encontraba el Consejo de Administración de la Fundación, que preside Bonafini. Y de paso, demostrar que parte de sus ingresos tenía que ver con servicios que le facturaba a la entidad de derechos humanos.

La semana próxima la causa promete mantener la intensidad de los últimos días. Schoklender pedirá la nulidad del informe de la Gendarmería que estableció la falsedad de las firmas atribuidas a Bonafini en el contrato con Meldorek, con el argumento de que el juez no le permitió designar un perito de parte. Además, deberá ratificar una denuncia contra el abogado Eduardo Fachal, designado para impulsar la querella en nombre de las Madres, por supuesto «incumplimiento de deberes de funcionario». Esa acusación recayó en el juzgado de María Servini de Cubría, que le pedirá a Schoklender ratificarla.

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